La imputada fue identificada como Virginia Inés Brizuela, quien mantenía un vínculo laboral con la víctima en el Jardín de Infantes 954 de La Plata.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías 5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 16, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Según la investigación, la maniobra se descubrió luego de que la víctima realizara una denuncia al advertir movimientos irregulares en su tarjeta bancaria. Con el paso del tiempo, comenzaron a acumularse consumos que ella nunca había efectuado.

Los investigadores determinaron que las compras se realizaban utilizando los datos de la tarjeta de la damnificada y que estaban diseñadas para pasar desapercibidas. En su mayoría, eran operaciones en cuotas y por montos bajos, lo que dificultaba su detección tanto por parte del sistema bancario como de la propia víctima.

Con el correr de los meses, la situación se agravó: la acumulación de consumos generó un perjuicio económico cercano a los 2.000.000 de pesos. Incluso, la entidad bancaria llegó a aplicar embargos sobre el salario de la trabajadora debido a la deuda.

Durante la investigación, el personal especializado en delitos informáticos realizó análisis de movimientos financieros y registros digitales que permitieron reconstruir las operaciones. A partir de esas tareas se logró establecer que detrás de las compras estaría una compañera laboral de la víctima.

Con las pruebas reunidas, se identificó el domicilio de la sospechosa y se solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por la Justicia. El procedimiento se concretó en una vivienda de La Plata.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, una notebook, un televisor y diversas prendas de vestir, elementos que serán peritados para determinar su vinculación con las maniobras investigadas.

Tras el allanamiento, la mujer fue notificada formalmente de la imputación en su contra por el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

La causa continúa en investigación y no se descarta que, a partir del análisis de los dispositivos electrónicos, surjan nuevas pruebas o incluso otras maniobras similares. La Justicia busca establecer con precisión el alcance del fraude y el recorrido del dinero obtenido.