A pesar de que le resultó extraño, dado que en ningún hipermercado de la competencia en la ciudad le han efectuado esta solicitud, la consumidora accedió. Al pararse frente al casillero, notó algo que le llamó la atención: un cartel pegado en cada uno de las puertas de los lockers, donde Coto le informa al cliente que “la empresa no se hará responsable por los robos que puedan ocurrir dentro del hipermercado”. Es decir, por un lado presupone que el cliente es un ladrón, y por otro, se desvincula de los posibles hurtos de los verdaderos chorros que puedan deambular entre las góndolas.

Disconforme con esta “advertencia” escrita, que le provocó una sensación de violencia comercial y maltrato, la clienta volvió hacia el personal de seguridad para manifestarle su inquietud acerca de este intimidante cartel.

El empleado le comentó que era una norma de la empresa y le manifestó, de manera educada, que había una segunda opción: poner el bolsito dentro de una bolsa. Al acceder a esta alternativa, el empleado colocó las pertenencias de la mujer en una rudimentaria bolsa transparente de plástico -de las que se usan para envío de mercaderías-, sin manijas, le hizo un nudo y le abrochó un número. De modo que la consumidora estaba sometida a hacer su compra con sus pertenencias “escondidas” en un pedazo de nylon, sin acceso a las mismas, pasando vergüenza, y pidiéndole al cajero que se la desabroche para poder acceder a su billetera. Una situación insólita.

Desestimando por completo esta última opción, la consumidora concurrió al sector de Atención al Cliente, donde una de las empleadas escuchó su reclamo y se comunicó con otra, aparentemente superior en jerarquía, quien se apersonó en el lugar. Probablemente, la supervisora.

Esta tercera persona de mayor rango no solo se dirigió a la clienta con actitud soberbia y altanera (tanto verbal como gestualmente), abusando de su "cargo", sino que además, la trató de mentirosa cuando la consumidora le comentó que en un hipermercado mayorista de la ciudad, optaban por revisar el bolso antes de retirarse del establecimiento, lo cual le parecía un mecanismo más coherente y menos violento hacia el cliente. Ante esta sugerencia, la supervisora negó categóricamente la veracidad del comentario, alegando que eso "es mentira".

Finalmente, tras este intercambio, y acorralada por la situación, la supervisora liberó a la clienta y la dejó ingresar con su bolso en mano.

Este hecho demuestra que la empresa pasa por alto las normas estipuladas en la Constitución Nacional (artículo 42) y la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a brindar seguridad integral a los usuarios y a los bienes de éstos.

Quién es Alfredo Coto

El multimillonario Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados que lleva su apellido, concentra más de la mitad de las ventas de los hipermercados que operan en Argentina, siendo la tercera en su rubro a nivel números y la primera de capitales nacionales. Su fortuna familiar ascendió a 450 millones de dólares durante la pandemia, época en la que lejos de disminuir sus cuentas bancarias, las engordó.

Precisamente en agosto de 2020, trascendió un episodio de agresión contra un trabajador de la sucursal porteña de Ciudadela, quien tras haber cumplido el aislamiento preventivo por ser contacto estrecho de un caso positivo, fue echado a golpes por el personal de seguridad al intentar reinsertarse en su lugar de trabajo.

“Para muestra basta un botón”, afirma el dicho popular. Porque este lamentable episodio fue uno más de los que se dieron a conocer durante la pandemia, cuando la empresa ocultaba los casos de Covid en varias de sus 120 sucursales y amenazaba a sus trabajadores instándolos a que cierren la boca.

A un nivel más macro, la investigación Panamá Papers, llevada a cabo por el Consorcio de Periodistas, reveló que Alfredo Coto fue uno de los beneficiados por la “Ley de Amnistía Fiscal”, que permitió a los grandes empresarios blanquear millones que usaban para la evasión y la fuga de capitales. En su caso, se trata de 7.000 millones de pesos blanqueados, y sin aplicación de multas. Además, se descubrió que la empresa tenía tres sociedades en Panamá y otra en Islas Vírgenes.

Sus inversiones inmobiliarias en el exterior, principalmente Miami y Madrid, y el hallazgo de un arsenal armas en uno de sus supermercados en el barrio de Caballito en 2018 son hechos que han llamado la atención de la Justicia, aunque por supuesto, en connivencia con los gobiernos de turno, Don Alfredo y su familia lograron salir impunes.

Sin embargo, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Como sigue en su pedestal de empresario intocable, en diciembre pasado volvió a incurrir en irregularidades y actos de corrupción, esta vez en Mar del Plata, donde el presidente Javier Milei inauguró un hipermercado de Coto sin que Don Alfredo declarara la construcción de 20.800 metros cuadrados, terreno que figura en los registros fiscales como “baldío”. En esta oportunidad, le impusieron una multa de hasta 50 millones de pesos, que sin duda, para el señor Coto, es apenas y vuelto.