Para los demandantes se aplicaría la ley de Defensa del Consumidor por tratarse de un “contrato de enseñanza”. En tal sentido, dijeron que “queda claro que los demandados que son propietarios, organizan, administran y prestan el servicio educativo, quedan expresamente alcanzados por la normativa tutelar de la ley de defensa del consumidor”.

Sentado ello, pidieron, por aplicación del artículo 53 de esa normativa, la instancia abreviada del proceso sumarísimo.

El punto de discusión está radicado en la actual situación del expediente penal, con un recurso pendiente de resolución en Casación (por los 35 años de condena) y lejos de un estadío de firmeza.

Entonces, llegado el caso, por aplicación del artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación, el proceso civil debería suspenderse hasta que se agote la vía penal.

Sin embargo, existe una excepción para esa norma: la demora injustificada, lo que tendrá que ser merituado por el juez que entiende en la acción civil.

En la demanda se habla de violencia física, psicológica y espiritual, de un quebrantamiento del normal desarrollo sexual de la presunta víctima y de la vulneración del principio de dignidad humana.

“La extensión del daño causado, surge palmario de los hechos descriptos y los tratamientos psicológicos que ha debido afrontar, tal como se ha acreditado en el proceso penal, y como asimismo quedará acreditado en autos”, explicaron.

“Entre los síntomas generados, en su momento el menor sufría ataques de pánico ante la posible presencia del agresor, requería bañarse siete u ocho veces por día, no podía dormir sólo o con la luz apagada, como tampoco podía concurrir a baños públicos solo”, sostuvieron los demandantes, así como remarcaron los trastornos que implicó el obligado cambio de establecimiento educativo y la pérdida de contacto con sus compañeros.

Lucas Puig fue condenado el 30 de agosto de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata. Fue sentenciado a 35 años de prisión al ser hallado culpable de “abuso sexual y corrupción de menores” contra dos niños que asistían al jardín de infantes del mencionado colegio San Benjamín entre fines de 2009 y principios de 2010.

La decisión fue tomada por los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Cecilia Sanucci, en un clima de tensión ya que el docente contaba con mucho apoyo en las afueras de los juzgados de 8 y 57 de la capital provincial, mientras que familiares de los denunciantes esperan un fallo condenatorio.

Puig había sido absuelto en 2015 en un primer debate por el beneficio de la duda, pero debido a una decisión del Tribunal de Casación bonaerense, se realizó este nuevo proceso.

Al día siguiente de la condena los gremios docentes de La Plata llevaron adelante un paro por “el desamparo docente dentro de las instituciones”, en amparo al profesor de música. Y desde esa fecha se llevaron adelante varias marchas de docentes y padres del San Benjamín que apoyan a Lucas Puig y afirman que fue condenado injustamente.