Se trata de miembros de organizaciones sociales que mayormente hacen trabajos de barrido y limpieza y debido a la merma del poder adquisitivo, piden incrementos acordes a la inflación de los últimos meses.

Si bien la situación viene de arrastre, la principal queja está centrada en que el último incremento fue del orden del 18 por ciento, que fue otorgado en tres cuotas en el segundo semestre del año 2019.

"Son sueldos de miseria y hambre por la política de ajuste", fue uno de los reclamos, que apuntaron principalmente al interlocutor municipal sobre el tema, el secretario de Coordinación Oscar Negrelli, quien, según acusaron, postergó sistemáticamente las reuniones pautadas para solucionar el problema.

Sueldos de miseria y utilización política

Los cooperativistas perciben un promedio de 6 mil pesos mensuales a cambio de jornadas laborales de cinco horas diarias, para realizar tareas de saneamiento urbano en los distintos barrios periféricos. La situación se agrava dada la utilización política que los gobiernos municipales de los últimos 20 años vinieron haciendo de ese sector vulnerable de la sociedad platense.

Si bien es cierto que en muchos casos hubo depuraciones justificadas porque el municipio comprobó inasistencias injustificadas y dinero percibido de forma indebida, el balance general perjudica a quienes en la mayoría de los casos no responden políticamente a ningún espacio político identificado con los frentes o partidos que vienen gobernando la ciudad.

Se han registrado casos de retención indebida del ya de por sí magro ingreso percibido en tiempos de campaña electoral. Pocas veces denunciadas mediáticamente y la mayoría calladas por temor a represalias.

El conflicto en la Dirección de Género

Otro de los conflictos todavía no resueltos en el ámbito municipal es el de los despidos y posteriores "reincorporaciones" en el ámbito de la Dirección de Género y Diversidad que encabeza Carolina Píparo.

A principios de año, varios trabajadores municipales de esa nueva área fueron cesanteados en medio de denuncias de "desmantelamiento y vaciamiento del área".

Tras protestas y pedidos de respaldo jurídico, los despedidos lograron una conciliación obligatoria después de la mediación del Ministerio de Trabajo, pero incluso después de esta instancia los problemas continuaron.

A través de un comunicado de trabajadoras emitido a principios de la semana, el "lunes 13 de enero nos reincorporamos a nuestro lugar de trabajo y no se nos permitió firmar planillas como habitualmente lo veníamos haciendo", por lo que la situación fue expuesta en una audiencia del martes 14 con promesas de "soluciones" que al término de la semana no llegaron.

La jefa de personal Mónica Panzoni, manifestó que informaría al área lo acordado en la reunión, sin embargo el día miércoles 15 “la secretaria Carolina Píparo y la subsecretaria Silvia Santillán se negaron a regularizar la situación”, sostienen las trabajadoras por lo que han realizado una presentación ante el Ministerio de Trabajo informando el incumplimiento de la conciliación obligatoria.