Momentos de tensión se vivieron este jueves en los Tribunales de la ciudad de La Plata. La CGT reclamó ante la Corte Suprema de Justicia por la suspensión que el máximo tribunal dispuso del Código de Ordenamiento Urbano local a través de un recurso de amparo, medida que “causa un perjuicio importante a los trabajadores de la región dado que, si se paralizan las obras, corren riesgo unos 20 mil trabajadores que están en el sector de la construcción”, según explicaron en el ingreso a la reunión.
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En las escalinatas del Palacio de Justicia, el secretario general de UPCN Provinci, Carlos Quintana, señaló que “la medida adoptada por la Suprema Corte es apresurada, y faltan algunas garantías". "En este caso, como en cualquiera en que se presenta a a un amparo, no hubo garantías -explicó-. ¿Quién se va a hacer responsable de los salarios caídos, de la pérdida laboral y del riesgo de un estallido social que se pueda dar en el caso de que no tengamos trabajo en la ciudad?
En efecto, antes de la llegada de los representantes de la CGT y UPCN, trabajadores del sector ocuparon la entrada del edificio en reclamo a los integrantes de la Corte por la “devolución” de sus puestos laborales.
En sintonía con la postura del gobierno de Pablo Bruera, Quintana manifestó que “la construcción es la madre de las industrias, porque hay 70 gremios que tienen trabajo gracias s la actividad”. “Pedimos la suspensión del COU porque, si hay algo para corregir, que se plantee en particular, pero no puede ser que se paralice en general lo que inclusive está aprobado hace diez meses por la Provincia”. “La Corte tiene que medir las consecuencias sociales de esta medida”, le dijo el gremialista a NOVA.
El nuevo Código establece las pautas del desarrollo urbanístico de la ciudad, desde las alturas de los edificios hasta las zonas de radicación de comercios e industrias. Tras su aprobación en el Concejo Deliberante, entidades ambientalistas presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que fue concedido -de manera provisoria- la semana pasada.
Acompañado por Julio Castro, de la CGT Regional, Carlos Quintana aclaró que “no ejercemos ningún tipo de presión, venimos a plantear una realidad como particular damnificado que somos, en representación de la CGT. Creemos que la Corte debe escuchar a todos los actores sociales”. Los integrantes del máximo tribunal habían difundido un comunicado en el que denunciaban “presiones” por parte de la comuna.
“La sanción del COU tuvo en el recinto 15 votos a favor y tres en contra, además de que todos los actores sociales trabajamos en la confección de esta ordenanza”, enfatizó Quintana, para concluir que “todas las instituciones, profesionales y no profesionales, participaron de su elaboración; los que no quisieron participar no pueden venir después, graciosamente, a plantear un recurso de amparo”.
