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Escándalo en la Unidad 9: investigan una red de corrupción y un mercado ilegal dentro del penal

El caso salió a la luz a partir de un operativo encabezado por la fiscal Virginia Bravo, que incluyó una requisa en las celdas durante las cuales se encontraron teléfonos, computadoras, videojuegos, y más. (Dibujo: NOVA)

Una investigación judicial encendió alarmas en la provincia de Buenos Aires tras revelar el funcionamiento de una presunta red de corrupción dentro de la Unidad Penal 9 de La Plata, donde se habría montado un circuito ilegal de comercialización de productos y circulación de elementos prohibidos.

El caso salió a la luz a partir de un operativo encabezado por la fiscal Virginia Bravo, que incluyó una requisa celda por celda dentro del establecimiento. Durante el procedimiento, se secuestró una gran cantidad de objetos no permitidos, lo que expuso irregularidades en el control interno del penal.

Entre los elementos incautados se encontraron más de un centenar de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, routers, amplificadores de señal y hasta consolas de videojuegos, además de cigarrillos y otros bienes que eran comercializados dentro de los pabellones.

Según fuentes de la investigación, la causa se originó por sospechas sobre el desvío de mercadería destinada a los internos, la cual no llegaba a su destino y terminaba siendo vendida en un circuito clandestino. En ese esquema, un detenido apodado “El Tano” habría tenido un rol central en la administración del mercado interno.

Las primeras hipótesis apuntan a la posible connivencia de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, dado el volumen y la sofisticación de los elementos encontrados, que incluyen incluso equipos para mejorar la conectividad dentro del penal.

El hallazgo reavivó el debate sobre las condiciones de control en las cárceles bonaerenses y el funcionamiento de economías paralelas dentro de los establecimientos, donde la circulación de bienes, dinero y hasta sustancias ilegales se sostiene en estructuras organizadas.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales, mientras se intenta determinar el alcance de la red y las responsabilidades tanto dentro como fuera del penal.

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