Según la acusación presentada por la fiscal Victoria Huergo, acreditó la existencia de una asociación ilícita conformada por al menos seis miembros, cuyo objetivo era solicitar y exigir grandes sumas de dinero en dólares, así como recibir sobornos de particulares propietarios de terrenos o interesados en los mismos. Estos pagos se habrían realizado a cambio de obtener resoluciones favorables en trámites de rezonificación de terrenos en el marco del plan Procrear.

La asociación ilícita habría estado integrada por Enrique Sette, ex secretario de Gestión Pública Municipal; Raúl Moratti, director de Planeamiento Urbano; Mariano Bruera, ex secretario de Relaciones Interjurisdiccionales y Desarrollo; Gustavo Petró, ex director general de Planeamiento Urbano y Obras Particulares; y Christian Ybarra, quien tenía vínculos con el Municipio y se desempeñaba como "reclutador" de pagadores de coimas.

Enrique Sette, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gestión Pública Municipal en el momento de los hechos, ha sido sindicado como parte de la asociación ilícita que habría solicitado más de 200.000 dólares a un particular a cambio de trámites favorables en la Dirección de Planeamiento Municipal relacionados con el plan Procrear. Según la fiscalía, Sette conocía las actividades ilegales que culminaban con expedientes firmados por él.

Gustavo Orlandi, un particular propietario de un predio, fue acusado de cohecho por supuestamente haber realizado un pago de 10.000 dólares para obtener un decreto municipal de rezonificación de tierras, el cual llevaría las firmas del entonces intendente Pablo Bruera y del secretario de Gestión Pública, Enrique Sette.

Por su parte, Mariano Bruera fue señalado en las escuchas telefónicas donde se hace referencia a "pasar la gorra", lo cual según la fiscalía estaría relacionado con el pedido de coimas. Para la fiscal Huergo, el hermano del ex intendente formaba parte de una estructura corrupta y era una figura de poder dentro de la organización.

En cuanto a Gustavo Petró, ex responsable del área de Planeamiento y Obras Particulares de la Municipalidad, la fiscalía sostiene que continuó atendiendo a particulares y acercando casos incluso después de su renuncia al cargo. Según la acusación, Petró habría colaborado con la asociación ilícita acercando clientes para obtener coimas.

Con esta condena, se espera que el caso "Coimas en el plan PROCREAR" siente un precedente en la lucha contra la corrupción en La Plata y fortalezca la confianza en el sistema judicial. A pesar de la condena, Mariano Bruera ha anunciado que apelará la decisión judicial, sosteniendo que es un "perseguido político" y confiando en que prevalecerá la verdad en instancias posteriores.