Ensenada
Le dictaron dos años de prisión

Condenaron a un ex intendente de Ensenada y a su secretario de Economía por hechos de corrupción

El ex alcalde Adalberto del Negro fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudaciones especiales.

La justicia de La Plata condenó a un ex intendente y a un ex secretario de Economía de Ensenada a prisión por hecho de corrupción ocurridos entre los años 2017 y 2003, informaron fuentes judiciales.

La medida fue tomada por el Tribunal Oral Criminal 1 del departamento judicial de La Plata, en un juicio abreviado. Los condenados fueron el ex alcalde Adalberto del Negro y el ex secretario de economía y hacienda, Carlos Izarrualde.

La pena para Del Negro fue de dos años de ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos y/o empleos públicos por cuatro años. La justicia halló penalmente responsable a Del Negro de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con defraudaciones especiales (retención indebida) reiteradas.

Sobre Izarrualde la pena fue de tres años de ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer cargos y/o empleos públicos por seis años. Los delitos en los que incurrió Izarrualde son los de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudaciones especiales (retención indebida) reiteradas; y falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, dos hechos en concurso real entre sí.

En el juicio se ventiló que los dos ex funcionarios realizaron retenciones ilegales de haberes a empleados municipales y a afiliados del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Ensenada, además de habilitar con certificados truchos dos supermercados de la firma Día Argentina Sociedad Anónima, en las calles 122 entre 39 y 40 y en Bossinga al 783.

Los entonces funcionarios no depositaban a debido tiempo las retenciones por bonos, cuotas sindicales, rifas, mutuales y cuotas suplementarias, ni tampoco los embargos judiciales de los empleados del municipio, que debían transferirse de inmediato a juzgados civiles o comerciales del departamento judicial de La Plata.

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