La condena contra policías y funcionarios de la cartera de Asuntos Agrarios de la Provincia se mantiene en suspenso. La causa, por su parte, tiene un derrotero singular: el primer fiscal que la llevaba, Carlos Gómez, deberá enfrentar un juicio político. Lo cual, sumado a la estrategia de la defensa, no hizo más que demorar la condena de los imputados.
La causó se inició en el 2000, cuando un productor incriminó a tres policías platenses al señalar que les pagó una coima de 18 mil pesos para que le devolvieran los animales que le habían incautado en un irregular procedimiento, en Brandsen.
El testimonio fue aportado por Omar Sabatella en el juicio que el tribunal II de La Plata realizó contra el ex subcomisario platense Walter Parnisari por presunta extorsión. Sabatella, que afirmó que pagó 18 mil pesos para que le devolvieran unos 2.500 porcinos que le habían decomisado.
En esa causa, el fiscal Ricardo Maidana pidió ante el juez de Garantías Nº 3 de La Plata Néstor De Aspro la intervención de los teléfonos de los policías implicados, del juez César Melazo, del fiscal interviniente y de dos abogados particulares.
En febrero se conoció que la Comisión Bicameral de procedimiento para el enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó por unanimidad asumir el rol de acusador contra el fiscal Carlos Gómez. La denuncia, iniciada por la procuradora general, María del Carmen Falbo, sostiene que “ha quedado demostrado que existió entre funcionarios policiales y judiciales un acuerdo de voluntades para simular una investigación criminal creando elementos incriminatorios, que permitieran intimidar a diferentes personas para despojarlas patrimonialmente”.
Entre el grupo de los funcionarios policiales involucrados se encuentran el subcomisario Walter Parnisari, el oficial inspector Víctor Enrique Klipan y el sargento ayudante Norberto Díaz, conjuntamente con el inspector de la Dirección Provincial de Ganadería Omar Buze, quienes fueron condenados en la causa Nº 2142/D1386 por el Tribunal Criminal Nº 2 de La Plata a seis años y seis meses de prisión.
Entre las acusaciones, se enumeran las peticiones de detención, allanamiento y secuestro realizadas por el fiscal Carlos Gómez, plagadas de irregularidades que conducirían inevitablemente a la total ineficacia de la investigación.
Pero, además, la Cámara Penal del Departamento Judicial de La Plata afirmó que “en estos procedimientos se han afectado mas bienes jurídicos que aquellos a los que se intenta proteger mediante el debido proceso penal”, a lo que se suman otras irregularidades igualmente graves tales como interrogar a cuatro personas sin cumplimentar las garantías previstas por los artículos 240 y 308 del Código de Procedimiento Penal.
El abogado defensor de Omar Buze, Marcelo Peña, interpuso un recurso extraordinario “en virtud de poder demostrar la inocencia de mi asistido”. En diálogo con NOVA, el abogado señaló que las funciones de Buze “fueron acordes a los reglamentos y las leyes”.
