Por aquel entonces, Tosoni alquilaba una propiedad donde funcionaba el Registro del Automotor a una mujer de Brandsen. A esa locación, durante fines de febrero de este año, un grupo de empleados de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, habrían querido meterse a la fuerza y sacar al interventor y sus empleados.

Pero debido a la resistencia que opusieron, la situación se trasladó al ámbito judicial. Es así que con una orden de allanamiento dictada por el juez Ernesto Kreplak, finalmente ingresaron a lugar y terminaron echando de su oficina a la mujer que era dueña del local, y, además, usaron todos los muebles que había allí adentro sin pagar un centavo.

Algunos meses después, llegando a fines de junio de este año, el interventor (empleado de la DNRPA) decide irse y dejar la propiedad. Antes de abandonarla, abona a su criterio una suma de dinero por el uso del lugar y de las cosas que la propietaria tenía en el interior.

Luego se acordó la devolución de las llaves correspondiente, pero la dueña del inmueble decidió posponer la visita al lugar, debido a que sentía mucha tristeza por lo que había ocurrido anteriormente y los momentos tensionantes que debió atravesar.

Lo curioso y extraño es que, cuando la propietaria decide finalmente ir a ver el local días después, al ingresar habría encontrado adentro un total de 20 chapas patentes de reempadronamiento que, de todos modos, estaban sin asignar y vigentes y, a su vez, se topó también con tres legajos de moto que había quedado allí.

Ante esta situación, se dirigió inmediatamente a presentar la correspondiente denuncia por averiguación de ilícito en la UFI 11 de CABA, debido a la desconfianza con la fiscal de Brandsen, que está afiliada al partido del Intendente Oscar Daniel Cappelletti, quien desde el 2015 hasta la fecha está a cargo de la Comuna en representación de Juntos por el Cambio.

Hasta el momento la situación no ha sido esclarecida, aunque apenas pasaron unos días desde la iniciación de la causa. Mientras tanto, en la actualidad el Registro está en manos de Virginia Castillo, una abogada con poca experiencia, que según los rumores que corren en la ciudad habría llegado a su cargo por contactos hechos por su marido y su tío.

De esta forma, se debería aclarar si la nueva interventora firmó o no todo lo que recibía por parte del interventor saliente para esclarecer qué fue lo que realmente pasó con esas patentes encontradas.

Pero, además, hay otro escándalo en puerta, teniendo en cuenta que ahora el Registro del Automotor estaría funcionando adentro de un predio de una agencia de autos y, como si todo esto fuera poco, se dice que no posee cuenta bancaria porque la nueva interventora tendría deudas bancarias que no le permitirían abrir la cuenta.