La primera voz fue la massista Virginia Rodríguez, quien pidió a través de un proyecto de ordenanza que se declare por el término de 90 días “la emergencia alimentaria y sanitaria" en la ciudad. “Es en virtud de lo que fue el impacto económico del aumento del dólar después de las PASO y sus efectos en los precios”, dijo, entre otros argumentos.

Rodríguez también destacó la necesidad de un aumento en las partidas presupuestarias en áreas sensibles como Salud y Desarrollo Social, ya que “del 4,26 % del presupuesto en materia de Salud sólo se ejecutaron 3.26 y del 7.2 de Desarrollo Social un 4.18”, ilustró, a la vez que pidió que convoquen a participar a los ediles en el Consejo Económico Social.

Después se sumó el edil de Unidad Ciudadana Norberto “Chucho” Gómez, que volvió a pedir por el funcionamiento del Consejo local de Seguimiento de Precios. “Ayer me crucé al intendente Julio Garro entregando subsidios y créditos con unos 770 descuentos para mejoramiento de los hogares. Antes criticaban las medidas de este tipo por clientelistas y populistas y ahora las usan con fines electorales”, chicaneó.

Hiperactivo en la sesión, Gómez cuestionó además que el oficialismo no instrumente medidas en tal sentido, ya que, según afirmó “en determinados supermercados como NINI, las listas de precios de los productos que el gobierno eximió de IVA no se cumplen”. “Da enojo el destrato permanente a esta oposición, porque tienen que gobernar para todos y no para unos pocos”, criticó.

Después se pronunció con un pedido de informes la precandidata a senadora por “Todos” Lorena Riesgo, que reiteró sus cuestionamientos a la cláusula gatillo propuesta oportunamente para obra pública y anunció que pedirá un corte actualizado de la rendición de cuentas municipales.

“Hay obras paralizadas y queremos saber los motivos, además de conocer cómo impacta en las arcas municipales la rebaja de impuestos nacionales, en un municipio en el que sabemos se hace difícil gestionar con recursos propios”, dijo, a la vez que inquirió por "el retraso del pago a proveedores y cooperativistas”.

Gómez volvió a pedir la palabra para preguntar por el curso de las obras de la peatonal que el municipio desarrolló en la avenida 51, a la altura de Gobernación y el Pasaje Rodrigo: “No vaya a ser cosa que no la terminen, porque los recursos están, ya que se los sacaron a las obras cloacales de los vecinos de Abasto”, advirtió. También pidió que el municipio les dé a los cooperativistas y agentes municipales un bono extra como el que ofreció la administración nacional de Mauricio Macri.

La primera voz oficialista fue la de Julio Irurueta, quien al referirse a la peatonal 51, informó que “ninguna empresa salió a pedir la re-determinación de precios”. Javier Mor Roig complementó, en tono de réplica a Gómez: “Camine las calles de la ciudad y se dará cuenta que las obras continúan”.

Se sumó, desde el kirchnerismo, Ana Herrán de Castagneto, quién puntualizó que “las obras de la avenida 66 están paralizadas y sin obreros desde hace al menos 5 días”. Después volvió a hablar Gómez para pedir por el pago de las asignaciones familiares. “Los que garantizan el respaldo a los trabajadores son los gremios y referentes sindicales. Hay que proteger a los damnificados”, aportó Cristian Vander.

Sobre el cierre de la sesión –que apenas superó la hora-, el cuerpo deliberativo asumió –en la voz del macrista Irurueta y el kirchnerista Gastón Castagneto-, el error por no haber solucionado en tiempo y forma el proceso de habilitación de los centros culturales de la Región, por lo que a la prórroga inicial de un año –aprobada en septiembre pasado-, se le agregó otro año más.

“No nos dieron los tiempos para cumplimentar la ordenanza de habilitación de los centros”, dijo Irurueta. Castagneto después se pronunció en similar sintonía destacando “el rol de contención social” de esas entidades, cuyos representantes aplaudieron desde las gradas del recinto.

Rechazo unánime a los dichos del cura Lorenzo

Todos los bloques políticos rechazaron la denuncia penal que el sacerdote acusado de abuso sexual Eduardo Lorenzo le hizo a medios locales, provinciales y nacionales por publicar la causa por abuso sexual que posee hace más de diez años.

El primer artículo del decreto manifiesta “la preocupación y rechazo del cuerpo por la denuncia penal por parte del sacerdote Eduardo Lorenzo contra los comunicadores sociales por su labor informativa en la causa penal en su contra, coartando el derecho fundamental de la libertad de prensa y de expresión, afectando asimismo el derecho fundamental de acceso a la información de los ciudadanos”.

Además, pidieron comunicar al Ejecutivo Municipal, a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.