Díaz admitió que las acusaciones contra referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana “circulaban como rumores”. Con ese argumento, justificó la inacción estatal mientras las denuncias se acumulaban desde 2014 y las víctimas quedaban a la deriva.

El Ministerio que debía prevenir, acompañar y actuar eligió esperar, aun cuando el secreto era compartido en despachos y actos políticos.

La intervención oficial recién llegó en octubre de 2024, cuando una empleada del Senado pidió ayuda. Incluso entonces, la respuesta fue condicional: primero denunciar, después asistir.

Una lógica cuestionada incluso dentro del propio feminismo, que advierte que así se expone a las víctimas y se garantiza poco y nada de prevención.

Mientras tanto, los acusados siguieron orbitando espacios políticos, cobraron sueldos públicos y hasta compartieron actos con denunciantes pese a restricciones judiciales. La ministra negó vínculos, aunque las fotos y las presencias reiteradas desmienten la prolijidad del relato.

El caso expuso además una trama de encubrimiento, con una falsa abogada que simuló defender a víctimas, ocupó cargos públicos sin título y funcionó como dique de contención para que nada avanzara.

Hoy, con causas reactivadas y detenidos, la pregunta ya no es qué sabía Estela Díaz, sino por qué el feminismo estatal se activó recién cuando el escándalo fue imposible de tapar. Porque para cobrar el sueldo, el ministerio estuvo siempre en horario. Para actuar, no tanto.