Según la hipótesis fiscal, las víctimas habrían sido captadas a través de espacios de militancia política, con promesas de contención, acompañamiento y, especialmente, de acceso a puestos de trabajo dentro del Estado. Una vez incorporadas al circuito, algunas lograban empleo en el Senado bonaerense u otras dependencias públicas, aunque bajo una lógica de subordinación: debían entregar parte de sus salarios para sostener supuestas “tareas militantes”.

Uno de los puntos más sensibles del expediente señala que parte de los abusos denunciados habrían ocurrido dentro del propio edificio del Senado provincial, puntualmente en la oficina identificada como “007”, un área que depende de la Presidencia del cuerpo. De confirmarse esta situación, la causa no sólo comprometería a personas individuales, sino que también expondría el uso de instalaciones oficiales para la comisión de delitos.

Los principales imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos integrantes de la planta permanente del Senado. Rodríguez aparece mencionado con especial peso en la causa y figura además como exdocente en el colegio secundario del Estudiantes de La Plata, ámbito donde habría tomado contacto con una de las denunciantes. Silva Muñoz, en tanto, integra la Secretaría de Género de UPCN en la provincia, un dato que genera un fuerte contraste con el contenido de las acusaciones.

Las defensas solicitaron la eximición de prisión, mientras que los abogados de al menos tres denunciantes advirtieron que algunas presuntas víctimas continúan hoy bajo dependencia laboral de uno de los acusados, una situación que agrava el contexto de presión y condicionamiento.

La causa también investiga la posible existencia de una estructura organizada denominada “La Orden de la Luz”, que funcionaría con dinámicas propias de una organización sectaria. De acuerdo a la investigación, las comunicaciones internas se realizaban mediante correos electrónicos redactados en lenguaje codificado, un elemento que llamó la atención de los investigadores por su complejidad y sistematicidad.

Además de los delitos sexuales, la fiscalía analiza si existió una red criminal que utilizó la militancia política, el acceso al Estado y las promesas laborales como mecanismos de captación y sometimiento. El rol gremial y la utilización de cargos institucionales como herramienta de legitimación también forman parte de la pesquisa.

Con antecedentes en causas de alto impacto vinculadas a corrupción y estructuras ilegales dentro de la Legislatura, la fiscal Lacki avanza ahora sobre otro sector sensible del poder bonaerense. El expediente sigue en plena etapa de desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de las denuncias, en un caso que ya sacudió al Senado y al entramado político-sindical de la provincia.