En paralelo, la Justicia Penal ya inició una investigación sobre los hechos y no se descarta la realización de allanamientos y eventuales detenciones.

Según la denuncia, la expulsión del titular fue ejecutada de forma violenta, con agresiones físicas, insultos, violencia de género y amenazas de muerte. No se trató —según remarcan los letrados— de un desacuerdo interno, ni de una reacción impulsiva de socios mal asesorados.

Tampoco de un conflicto sobre la gestión, que había sido avalada por unanimidad en las últimas asambleas.

La hipótesis es más grave: se acusa una maniobra delictiva, presuntamente organizada por la competencia y por un hombre identificado como Gabriel Cassinotti, condenado anteriormente por integrar la llamada “banda de los jueces”. El objetivo habría sido tomar el control de la sociedad por la fuerza.

La investigación apunta a posibles vínculos con abogados especializados en transporte y con funcionarios del sector, quienes tendrían intereses económicos en un momento clave: la definición del pliego de bases y condiciones y el llamado a licitación del servicio de transporte público en La Plata por parte del Concejo Deliberante, tras un análisis previo realizado por la Comisión de Transporte y Tránsito.

En este contexto, el abogado Marcelo Peña pedirá cruces telefónicos VAIC entre funcionarios, empresarios y letrados mencionados, sosteniendo la hipótesis de una asociación ilícita. Además, adelantó que impulsará solicitudes formales de allanamientos y detenciones.