Altamiranda fue inculpado por un hecho que ocurrió la madrugada del 21 de octubre de 2024, cuando un grupo de detenidos en la Comisaría segunda de Ensenada inició un reclamo por las condiciones inhumanas de encierro. La situación derivó en un violento motín y, tras la intervención policial, varios internos denunciaron haber sido víctimas de torturas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial. Como resultado, fueron detenidos cinco efectivos: la subcomisaria Adriana Cecilia Ponce, el subcomisario Ángel Daniel Barrientos, el propio Altamiranda, y los policías Oscar Castillo y Sergio Aguilar.

Durante la jornada, NOVA diálogo en exclusiva con el abogado del policía detenido, el doctor Ezequiel Grasso, quien explicó que en la audiencia se busca obtener la prisión domiciliaria para su detenido. “A Leandro se lo acusa de, en primer término, de tortura y en segundo término de falsedad ideológica”, especificó.

El letrado destacó que Altamiranda ya lleva un año detenido, mientras la Justicia estira los tiempos para definir y la investigación se demora: “No podemos tener estos tiempos en las investigaciones, en las causas, en las medidas de prueba. Aquí hay familias, padres, madres y necesitamos instrucciones más expeditas, instrucciones y acceso a la justicia más expedito”, reclamó.

Luego, explicó sobre el caso y las causas por las cuales el sargento es acusado: “El fiscal entiende que Leandro fue el iniciador del conflicto, tuvo una discusión que posteriormente termina en torturas. Recuerden que a Leandro no se lo está acusando de realizar el acto en sí, sino de, justamente, iniciar el conflicto y posteriormente firmar un acta, pero ya ha quedado debidamente acreditado, mediante una pericia caligráfica, que él no lo hizo”.

Además, el doctor Grasso aludió a la sobrepoblación carcelaria como la verdadera raíz de los hechos que trata la causa: “Esto va a pasar, como pasó en Puntalara, en todas las comisarías de la provincia. ¿Por qué? Porque tenían lugar de alojamiento para cinco personas y eran ocho, más otros cinco aprehendidos”, finalizó.

La abuela de Leandro, Gloria Argentina Alí, también dialogó con NOVA y se mostró conmovida por la situación. Sin dudarlo, lo defendió: "Es inocente, es un hombre hecho y derecho; es muy trabajador y respetuoso con la vida y las personas".

"Pienso que no se merece lo que está pasando y espero que le den la domiciliaria en la casa porque su hija lo necesita, está sufriendo un montón esa criatura", relevó más tarde. Por último, al ser consultada sobre las expectativas de la determinación de la audiencia, con mucha fe y energía, dijo: "¡Sí, por favor!, Dios no va a dejar esto así, ¡Hoy hace su obra, carajo!".

Durante una audiencia reciente, Nora Fernández, madre del efectivo, cuestionó la decisión judicial de mantenerlo preso pese a su buen comportamiento y su disposición a colaborar con la investigación. “Va a hacer siete meses que está detenido, y lo único que pedimos es que pueda ir a su casa. Desde octubre hasta marzo él siguió trabajando, cumpliendo horarios y funciones como corresponde. Si tuviera intención de fuga, se habría ido hace rato”, aseguró.

Según Fernández, la reciente exposición mediática del caso fue clave para que el pedido de revisión judicial finalmente avanzara. “Lamentablemente, tuvo que hacerse público para que nos escucharan. Desde que salimos en los medios, empezaron a llamarnos canales, diarios y prensa digital”, explicó.

La madre del policía también describió el impacto emocional que atraviesa la familia: “Leandro está entero, porque es inocente. Lo único que quiere es volver con su hija de 8 años. Cumplió 30 años estando detenido, algo completamente injusto. Somos una familia unida, y necesitamos estar juntos”.