Durante un tiempo vivió en las Islas Canarias. Se fue en busca de nuevas oportunidades y experiencias. Allí estudió buceo y trabajó en distintos rubros, desde cadetería hasta frigoríficos y seguros. Sin embargo, la necesidad de estar cerca de su familia y el afecto por su ciudad lo empujaron a regresar. Al volver, sintió que algo había cambiado. No solo en él, sino en el contexto local y global.

De inmediato reparó en un punto que consideró crítico: la vulnerabilidad de la región ante un posible ataque. El complejo industrial de YPF en el Gran La Plata, orgullo nacional por su capacidad energética, se había convertido también en un objetivo estratégico sin defensa. Su proximidad con la capital bonaerense, el Puerto La Plata, las rutas energéticas y una población densa lo transforman en un blanco de alto riesgo en un mundo atravesado por conflictos armados, tensiones diplomáticas y ataques terroristas.

Fue entonces cuando decidió redactar un proyecto de ley por iniciativa popular bajo el nombre “Escudo del Gran La Plata para la Defensa de la Soberanía Nacional y su Autonomía Energética”. El plan propone instalar un sistema antiaéreo y antidrones multicapa para proteger no solo a la refinería, sino también al cordón industrial del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, zonas donde vive más del 35% de la población del país y donde operan los tres poderes del Estado nacional.

El documento no se limita a un diagnóstico local. Describe antecedentes históricos como el desembarco británico en Ensenada en 1807, los bombardeos de 1955, el rol de la refinería en la Guerra de Malvinas y la tragedia del 2 de abril de 2013, cuando coincidieron una inundación devastadora y un incendio en la planta de YPF. También traza vínculos con el contexto internacional actual, alertando sobre los peligros que implican decisiones de política exterior que podrían convertir al país en blanco de ataques.

El proyecto fue diseñado con un enfoque técnico y estratégico. Incluye la creación de un comité con representantes de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, universidades nacionales y la ciudadanía, con el objetivo de desarrollar e implementar un sistema de defensa integral. Además, propone una fuente de financiamiento clara: una porción específica de las retenciones a las exportaciones energéticas, que permitiría destinar entre 380 y 670 millones de dólares anuales sin afectar directamente al bolsillo de la población.

El mecanismo elegido para impulsar la iniciativa fue el de la participación ciudadana, tal como lo permite el artículo 39 de la Constitución Nacional. El objetivo es reunir más de 500.000 firmas distribuidas en al menos seis distritos electorales para que el Congreso esté obligado a tratar la propuesta.

Francisco no representa a ningún espacio político, ni ocupa cargos públicos. Es un vecino común que cree que la defensa de los recursos estratégicos y la soberanía energética no pueden seguir relegadas a discursos vacíos. Su propuesta busca anticiparse al conflicto, proteger vidas y garantizar el funcionamiento de una infraestructura clave para el desarrollo del país.

Desde su casa en Ringuelet, con el compromiso de alguien que eligió volver cuando otros se van, impulsa una idea que mezcla convicción, datos duros y una mirada profundamente argentina. Cree que prevenir también es una forma de cuidar. Y que actuar, incluso desde el llano, puede ser más transformador que esperar.

No tiene banca ni padrinos, pero sí una convicción: proteger lo que ama antes de que sea tarde...