Ex funcionarios y personal superior de Astillero Río Santiago (ARS) deberán enfrentar un debate oral y público por fraude en perjuicio del Estado en caso de prosperar el pedido de elevación a juicio realizado por la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata. Se sospecha que no pagaron los préstamos que obtuvieron del ex Banco Municipal de La Plata en la modalidad “adelanto de haberes”, cuyos montos oscilan entre cinco mil y veintiocho mil pesos.

En el expediente son investigados el ex Gerente General Miguel Ángel Álvarez, el ex Gerente de Recursos Humanos Marcelo Herminio Sevillano, el ex Gerente Comercial Heriberto Alfredo Rosso, y el ex Jefe de Liquidación de Haberes, Rodolfo Guillermo Elisetch.

Junto a ellos aparecen los ex integrantes de la plantilla de personal jerárquico Rubén Walter Aguilar, Rubén Nazareno Antonelli, Pablo Leonel Bignone, Oscar Edgardo Borcerio, Guillermo Oscar Cornell, Norma Griselda Díaz, Jorge Fernando Garry, Norberto Félix Guillen, Carlos Oscar Gyurec, Oscar Ernesto Iotti, Pedro César Limousin, Juan Carlos López, Jorge Enrique Miloc, Daniel Ángel Morales, Fabián Horacio Ponce, Eduardo Félix Ponzano, Guillermina Isabel Quiroga, Manuel Oscar Salum, Roque Antonio Santillán, Jorge Cristian Spinola, Hugo Félix Vallerini, Alejandro Alberto Voloch y Ricardo Guillermo Zocaro.

Todos están acusados de “fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real -treinta hechos-”.

Según dio por acreditado el fiscal Jorge Paolini entre “septiembre del año 2001 a marzo del año 2003” los sospechosos habrían obtenidos adelantos de sueldos que debían devolver en cuotas hasta cubrir los préstamos que fueron otorgados en el marco de un convenio que el ex Banco Municipal platense había firmado en 1999 con el ente Astilleros Río Santiago.

Según el fiscal los funcionarios habrían falsificados los recibos de sueldos donde figuraban los descuentos de las cuotas de los préstamos pero ese dinero nunca habría llegado a las arcas del ex BMLP.

La causa se abrió en el año 2006 tras la denuncia de un ex funcionario bancario quien descubrió un faltante cercano al medio millón de pesos, producto de esos préstamos.

En su extenso escrito, el fiscal consideró “inverosímil” las explicaciones brindadas por los tres ex funcionarios Álvarez, Sevillano y Elisetch. Ellos plantearon que los pagos de los préstamos debían hacerse en ventanilla y no por descuento de haberes, pero esa versión habría quedado desacreditada con la investigación en curso.

La causa fue girada al juez de Garantías Néstor de Aspro quien debe definir si el caso llega a juicio oral.