El fondo de la cuestión se agrava diariamente, y hoy podemos afirmar sin equivocarnos que estamos ante una endemia social, porque prácticamente se está manifestando en todos los estratos sociales. Efectivamente, la característica distintiva de éste tipo de delitos es que no pertenecen a una clase social determinada sino que se producen tanto en los segmentos más pudientes como en los sectores intermedios y más bajos.

Distintas características de manifestación pero siempre mostrando la peor cara del machismo: violencia irracional e injustificable contra mujeres de cualquier edad. Los maltratos oscilan entre descalificaciones gestuales o verbales en público, agresiones, amenazas, golpes, lesiones de todo rango y todo ello puede llegar al homicidio, que hoy se tipifica en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal como “Femicidio” y se penaliza con pena de prisión perpetua. Pero aquí ya no hay mucho para hacer, todo ha fracasado.

Se comenta en las calles que en el país está casi en desuso la prevención de los delitos, y el aumento delictivo parece indicar algo de razón. No se advierten políticas criminales contundentes, con decisión política firme y lineamientos claros sobre cómo abordar la problemática a través de los distintos sectores que intervienen en los ámbitos municipal, policial y judicial.

No significa esto descalificar los intentos de mejorar y aumentar el sector policial dotándolo de mayor cantidad de efectivos y más móviles de patrullaje. Tampoco se agota la cosa modificando las leyes de excarcelación. Simplemente hay que subrayar que todo eso por sí sólo no alcanza para hablar de una política contra el delito que tenga posibilidades de éxito.

En la Argentina se ha pendulado desde decisiones gubernamentales que ordenaron “meter bala”, hasta la exasperante pasividad que reflejan las políticas de corte netamente garantista, que consideran al delincuente como una víctima del Estado pues no le ha dado oportunidades ni medios para ser otra cosa que un delincuente.

A la vista está que ninguna de esas recetas produjo frutos positivos, y más allá de reproches y discusiones entre los protagonistas del arco político nacional, aunque se pretenda esbozar un progreso estadístico que demuestra menos cantidad de ilícitos, no solamente se produce el aumento cuantitativo de los hechos, sino también -y de la peor manera- cualitativamente.

Puntualmente, los delitos intrafamiliares, intramuros, que son típicos de la violencia de género, son muy difíciles de prevenir porque se producen a puertas cerradas, entre las paredes de una casa y sin testigos. Y quienes presencian el hecho no suelen aportar demasiado porque están de una u otra manera involucrados en el círculo íntimo de los protagonistas -victimario y víctima- pues suelen ser parientes cercanos convivientes que, por temor a represalias del golpeador o por cualquier otra motivación, adoptan un tácito pacto de silencio negando cualquier cosa que se les pregunte al respecto. Y el aumento cualitativo se refleja en la mayor agresividad de los ataques, salvajes y descontrolados.

El espiral de violencia es ascendente y cada vez la agresión es mayor y con peores consecuencias. Si hay una muerte significa el fracaso rotundo del sistema pues la imposición de una pena al asesino no devolverá esa vida perdida. Lo cierto es que una vez que el delito se materializó ya no hay prevención posible desde el punto de vista formal. No puede prevenirse -anticiparse- lo que ya sucedió.

Allí tiene que entrar en escena un equipo interdisciplinario preparado específicamente para abordar esta temática, y de ser posible intentar detener de la mejor y más rápida manera posible los efectos del suceso delictivo. Porque cuando pasan estas cosas, suelen haber hijos y ancianos que en medio de la crisis, expuestos a peligros y abandonos, y que quedarán sometidos a su suerte.

Lo propio ocurre con la mujer víctima que en la mayoría de las veces no tiene donde refugiarse del agresor, quien al conocer que ha sido denunciado suele ponerse mucho más agresivo con aquella.

De allí que en diversas charlas y proyectos que hemos aportado a diferentes municipios bonaerenses, insistimos que la prioridad es establecer una Comisaría de la Mujer y un Lugar de Resguardo, donde alojar a la víctima y los hijos menores los primeros días de producido el evento, hasta que tanto el Fiscal de turno como el Juez de Familia (o de Paz según sea en una comunidad grande o pequeña) efectúen un trabajo mancomunado y rápido tendiente a documentar en una Instrucción Penal Preparatoria todos los elementos posibles para proceder con la detención del imputado, o para establecer un perímetro de exclusión tanto sobre el hogar como sobre el ámbito escolar, e imponerle un impedimento de contacto permanente hasta controlar la situación.

Estas medidas si se adoptan durante las 48 horas de producido el delito de género, pueden ayudar a que las cosas no se sigan agravando, lo que si bien ya no constituye ninguna posibilidad de prevención, también es justo admitir que “previene” el agravamiento casi seguro que sobrevendrá si no se hacen las cosas con prontitud y eficiencia.

Personal del área social y de salud del municipio, autoridades provinciales que resguarden a los menores involucrados, la Institución Policial con personal especializado en la problemática y el Poder Judicial a través del Fiscal y del Juez de Garantías en el Fuero Penal y los Jueces de Familia en el ámbito Civil, con conocimiento e intervención “específica y temática”. Un cuerpo de peritos médicos, psiquiatras, psicólogos y de trabajo social debe estar preparado las 24 horas para acudir de inmediato a la convocatoria policial o judicial.

No hay otra manera de abordar esta problemática que no sea rápida y coordinadamente. Esto está en la mente de todos los operadores del sistema, pero es muy difícil de coordinar, lo vemos a diario. ¿Hay voluntad de hacerlo más allá de las palabras y los protocolos? Buena pregunta para una mejor respuesta, que deberían darnos públicamente los funcionarios de las áreas mencionadas y que esperamos con ansiedad.

Luego, una vez que se hayan tomado los recaudos de seguridad para las víctimas y se haya encausado el proceso penal al imputado con las consecuencias resultantes, vendrá el otro paso fundamental: habrá que elegir desde las cúpulas de poder si se elige penalizar a toda costa al agresor para dejarle un antecedente judicial de condena, que de volver a delinquir permita encarcelarlo. O, al menos en algunos casos donde los peritos así lo recomienden posible, intentar tratar no solamente a la víctima sino también al victimario para revertir -en supuestos de delitos menores, claro está- la tendencia violenta demostrada y abordar como herramienta fundamental la “Probation”, que permitirá imponerle la realización de un tratamiento de modo obligatorio junto con otras medidas de seguridad que avalen las decisiones del Fuero de Familia y tareas comunitarias para resarcir a la sociedad.

Obviamente que el incumplimiento del cualquiera de estas imposiciones lo llevará de cabeza al juicio oral y a una eventual condena, pero habrá tenido su oportunidad y sólo él será responsable de haberla desperdiciado. Es por estas razones que no creo en la “solución” mágica que adoptó nuestra Corte Suprema Nacional en el caso “Góngora” del año 2013, disponiendo que todos los casos de violencia de género deben ir a juicio sin ningún tipo de análisis previo, fundamental en el Fuero Penal pues cada imputado y cada hecho son un micromundo.

Si no se adopta una política ágil y contundente con parámetros para cada supuesto en particular, y con equipos bien coordinados de las diferentes áreas que deben intervenir, la estadística de las agresiones de género a las mujeres se incrementará mucho más aún. Estado, ¿dónde estás?

*Fiscal de Instrucción y Juicios Orales de La Plata