Presentaron medida de amparo contra la resolución que avala el uso de armas de fuego a las Fuerzas de Seguridad
Por Isaac Quispe Rojas de la redacción de NOVA
Las organizaciones de derechos humanos siguen con preocupación la Resolución 2018-956, por la cual se aprobó el ‘Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad’, pues consideran que eso significa una autorización para que actúen impunemente.
Es por eso que, este martes 18 de diciembre, desde la Multisectorial de Derechos Humanos de La Plata, Berisso y Ensenada llegaron hasta los Tribunales Federales para presentar una acción de amparo para pedir la derogación del decreto del ministerio de Seguridad.
Sobre el tema, NOVA pudo dialogar con Carlos Zaidman, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), quien consideró que la medida firmada por la titular de la cartera de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, “significa una pena de muerte de hecho, vía el arma reglamentaria y sin ningún tipo de juicio”. Si a un policía, gendarme o prefecto “se le ocurre matar a alguien y después dice que hay peligro, lo puede hacer”, aseguró.
Desde los organismos de derechos humanos indicaron que este recurso de amparo se está presentando a nivel nacional en todos los tribunales para que se anule y se declare la inconstitucionalidad del cuestionado decreto.
Por su parte, la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Luz Santos Morón, explicó que, también, están solicitando “como medida cautelar que se suspenda la aplicación, porque prima facie existen elementos que demuestran la inconstitucionalidad, que implica una ejecución sumaria sin juicio, ni sentencia, donde habilita y legitima el gatillo fácil y la represión”.
Más adelante, Morón sostuvo: “Nosotros entendemos que la medida del Gobierno y de Patricia Bullrich se da en un contexto, donde hay una avanzada represiva que va desde la desaparición forzada, hasta el asesinato”, a modo de ejemplo, la abogada mencionó los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
En tanto, los organismos de derechos humanos consideraron que la resolución va en sintonía con la actitud que tuvo el presidente Mauricio Macri, con la doctrina Chocobar, legitimando y felicitando al policía que había asesinado por la espalda a un joven. “Por eso nos parece que es una resolución que no sólo hay que atacarla judicialmente, sino también en las calles. Hay que repudiar esta avanzada represiva”, sentenció Santos Morón.
