Judiciales y Policiales
Se entregaron los dos policías que faltaban

Más detenidos por la causa que investiga si desde la Bonaerense liberaban zonas a ladrones y dealers en Villa Elisa

En breve, indagarán a los detenidos en la UFI 7.

Por allanar viviendas de manera irregular, por liberar zonas a bandas de delincuentes y por dejar comercializar drogas, ya son cinco los integrantes de la Bonaerense detenidos por la fiscal platense Virginia Bravo, luego de que este miércoles se entregaran dos uniformados que permanecían prófugos desde julio del año pasado, informaron fuentes judiciales.

Los policías están acusados por los hechos descriptos, los que se habrían cometido en octubre de 2017 en jurisdicción de la Comisaría de Villa Elisa.

Los no tan efectivos Rolando Morales y Jorge Porsella estaban en calidad de prófugos, y se entregaron en la UFI N° 7 de La Plata, por lo que se sumaron a los tres ya detenidos: Fernando Pardo, Facundo Rodríguez y José Sosa.

Morales tuvo como último destino la comisaría séptima de Lanús- y Porsella había sido desafectado en febrero de la comisaría de Villa Elisa, presunto ámbito elegido por los acusados para el desarrollo de actividades ilícitas consistentes en la realización de operativos truchos, con acusaciones contra inocentes, según investiga la Justicia.

En la causa también están mencionados el entonces titular de la Duodécima, Cristian Andrés Demarco; y Osvaldo Gabriel “Chucky” Gómez, un subteniente que fue jefe de calle de la Comisaría Décima de City Bell pero se hizo conocido como actor por su papel del “melli Ricardo” en la serie “Un gallo para Esculapio”.

Todos fueron desafectados de la fuerza, confirmó Asuntos Internos, sospechados de cometer “varias y graves irregularidades durante años”.

Los delitos que les imputan a los efectivos sobre los que pesaba la orden de detención desde mediados de año, son “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad agravada, incumplimiento del deber de promover la persecución penal y falsedad ideológica”, además de allanamiento ilegal, hurto agravado por ser cometido por miembros de la fuerza policial, tentativa de extorsión y falsedad ideológica de instrumento público. Por estos cargos los indagarán en las próximas horas en la UFI 7.

Los casos bajo sospecha sucedieron entre el 21 y el 23 de octubre de 2017, aunque la investigación de Asuntos Internos ya había comenzado “por un cúmulo de denuncias” que se venían recepcionando en contra de los acusados, explicó el titular de ese organismo, Guillermo Berra.

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