Por Gustavo Luzardo (*), especial para NOVA.
Que no se inicien las obras del tercer carril de la Autopista La Plata – Buenos Aires es el efecto inercial por la impunidad que COVIARES gozó durante años y la ineficacia del Órgano de Control (OCCOVI).
La antigua empresa nunca tuvo intenciones de realizar el tercer carril, la prueba está en que ni siquiera estuvieron ni los estudios ni el proyecto técnico para las obras contractuales pendientes, tal cual lo manifiesta el comunicado de AUBASA. Mientras ejercía mi función como delegado en Villa Elisa fui testigo de cómo en tiempo record la empresa anunció la ejecución de las obras de la bajada, colocó el cartel de obra, y lo retiró sin hacer las obras: ¿tampoco estaba realizado el plan de obras en esa oportunidad?
Hay que tener cuidado con los comunicados y la forma en que se comunica: las obras se demoraron pues la empresa anterior no había ni siquiera realizado el proyecto técnico para el tercer carril, razón por la cual AUBASA debe realizarlo.
No creo que el ministro Alejandro Arlía con la profesionalidad que lo caracteriza haya realizado anuncios que no puede cumplir. AUBASA no debe convertirse en lo que fue COVIARES, y el gobierno de la Provincia no va a permitir que los funcionarios que la controlan se conviertan en un Occovi. La nueva empresa debe asegurarse con certeza antes de emitir informaciones para no generar falsas expectativas al público.
Este dato que puede parecer irrelevante demuestra que la situación que ha recibido la Provincia es mucho más grave de lo que parecía. Lo que vengo denunciando desde el primer día, y que fundamenté en todas mis presentaciones judiciales: la empresa jugó con nosotros y el órgano de control fue útil a su estrategia de maniobras dilatorias, con sus falsas promesas y virtuales renegociaciones.
Hasta en los estrados judiciales a los que tuvieron que asistir por mis denuncias, presentaron planes de obras con plazos que debieron realizarse incluso antes del traspaso al ámbito de la Provincia, sin cumplir nada, absolutamente nada de lo informado. Una tomada de pelo a todas las jerarquías: al ciudadano, al trabajador de la empresa, al Juez de la causa, al Defensor del Pueblo, al gobierno de la Provincia… y todo bajo la mirada distraída de los funcionarios del Órgano de control: ambos formaron una pareja perfecta, cómplices en la estafa al usuario.
El Estado trasladó al Occovi la misión de tutela y sus funcionarios nada controlaron. Coviares embolsó ganancias y eludió todos los controles, los contratos y las obligaciones, inclusive a la justicia.
Espero que la justicia tenga en cuenta estos hechos, que avalan lo que yo vengo denunciando desde hacer años.
(*) Concejal de La Plata.
