Funcionario platense fue designado violando una Ley provincial
El relato ecológico y la preocupación por el medio ambiente se han instalado con fuerza en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en parte gracias a una legislación de avanzada que siempre marcó tendencia en materia de concientización sobre el tema.
La Ley N° 12276 aprobada en el año 1999, por ejemplo, regula el “arbolado público provincial”, establece mecanismos de protección para las especies arbóreas y estipula que cada municipio deberá presentar anualmente una plan de forestación y reforestación para su territorio.
“Los municipios serán los brazos ejecutores de esta acción a través de un sector específico”, dice la norma en su artículo 4to y aclara que en cada distrito deberá estar a cargo de “un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo con incumbencia forestal”.
Además, en el mismo artículo dispone el mecanismo de selección de ese funcionario profesional que “deberá ser elegido por concurso de antecedentes y seleccionado por un tribunal de profesiones actuantes en tales disciplina”.
Por eso llama la atención que el responsable de la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado Público de La Plata, Eduardo Arcoubi, no sea mencionado con su título profesional de Ingeniero forestal o agrónomo.
La realidad es que el Sr. Arcoubi no cumple con los requisitos que la Ley provincial que crea en el ámbito municipal la dirección que tiene a su cargo, establece para poder desempeñarse correctamente.
El desconocimiento de la legislación vigente llevó además al funcionario de Julio Garro a protagonizar un verdadero papelón, cuando durante una jornada sobre espacio público forestación desarrollada en la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia fue consultado acerca de su formación académica y respondió, que solo tenía antecedentes académicos y aclaró “cursé 4 años de agronomía”.
Entre risas nerviosas y asombros, el resto de los profesionales que participaban del evento aclararon que “esos no son antecedentes académicos” y le recordaron la vigencia de una norma que obliga a que su cargo sea ocupado por un profesional, designado además por concurso. Parece que ni Arcoubi, ni Garro conocen demasiado sobre las leyes vigentes en la provincia para designar funcionarios.
