El ciudadano común puede observar como en el casco urbano continúa el crecimiento descontrolado de inmensos bloques de cemento que invaden el paisaje de la ciudad. Esta semana, sin mayores limitaciones, el Concejo Deliberante aprobó que 31 propiedades sean excluidas del Catálogo de Bienes Protegidos, lo que significa más derrumbes y modificaciones.

Este problema no sólo está en el centro sino también en la periferia de La Plata. Esta semana, un informe realizado por la ONG “Un Techo”, reveló que la comuna lidera el ranking provincial de villas y barrios de emergencia, con 135 asentamientos. Aquí la problemática es más compleja ya que claramente, y por el accionar del Intendente Bruera, se ve una falta voluntad política para poder solucionar el conflicto por la distribución del suelo.

Este conflicto consta de dos partes. Por un lado, el sector inmobiliario acaparó gran parte de las tierras zonificadas para vivienda. Estos terrenos tuvieron auge cuando miles de vecinos fueron sorteados para ingresas al plan Pro.Cre.Ar. lo que llevó a un aumento considerable y sin un control estatal de su valor.

Por otro lado, están aquellos habitantes que tienen lotes rurales y solicitan la rezonificación para su posterior venta y aumentan el valor de sus tierras sin mayores contraprestaciones. Hoy en día, una hectárea rural en La Plata vale alrededor de $200.000, rezonificada se convierte en 25 lotes, de 10 x 40, de $150.000 c/u. Es decir que aumenta su valor unas 19 veces por una disposición estatal, sin dejar de lado las causas por denuncias de coimas que en la actualidad siguen sin ser resueltas.

Desde el Partido Social reclamamos por el derecho a la ciudad, que según la ONU es: “El usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado.”.

También pedimos por el cumplimiento y aplicación de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, para que todos los vecinos de los 135 asentamientos informales logren tener un real acceso a un hábitat que les garantice un nivel de vida de calidad, así como los miles de vecinos que buscan un lugar donde poder construir su primer vivienda y se ven imposibilitados por los altos costos.

Como fuerza política proponemos que el Municipio sea el factor clave en el sector inmobiliario. No como lo es actualmente, que favorece a “amigos” y a grupos de poder, sino que tome las riendas para lograr un valor más justo de la tierra y favorecer el acceso de los sectores vulnerables. Pretendemos que el Municipio sea quien adquiera lotes rurales, los rezonifique, los adecue para la construcción de un barrio (tendido eléctrico, red de agua potable y red cloacal), y los ingrese al mercado en un valor acorde, lo que afectara al mercado de tierras de forma directa. Esto permitirá a la comuna aumentar su presupuesto, el que se podría destinar para nuevos proyectos urbanísticos orientados a logar el acceso a un hábitat digno a los sectores más desprotegidos.

Solo se necesita la decisión política para lograr estos objetivos y nosotros estamos dispuestos a llevarlo adelante.

(*) Referente del Partido Social y pre-candidato a Diputado Nacional por el Frente Popular.