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Polémica en La Plata y su región

Edelap afronta un pasivo multimillonario

La administración K tiene en la mira a Edelap desde hace tiempo.

La negociación entre Edelap y la Municipalidad de La Plata, en la que la compañía reclamó un exorbitante aumento -del 40 por ciento- para renovar el contrato por el mantenimiento de la red de luminarias y semáforos de la ciudad, habría estado definitivamente marcada por la necesidad imperiosa que tiene la firma de mejorar sensiblemente sus ingresos para aliviar su situación financiera.

En efecto, en las principales oficinas de Edelap estarían encendidas todas las alarmas. Versiones que llegan desde el seno de la empresa indican que los números no cierran por ningún lado. Y que un pasivo multimillonario (el rojo superaría los 400 millones de pesos) representa la médula espinal de una situación límite. Incluso la propia empresa reconoció, en el balance del año 2009, una pérdida de $ 65.267.729 durante el último ejercicio.

Además, la empresa tiene una deuda financiera con HSBC Bank plc (“HSBC”) por un total de US$ 4.302.720, cuyos vencimientos tuvieron que ser renegociados ante la imposibilidad que tenía la firma de poder saldarlos: los compromisos se estiraron hasta el año 2013.

La propia empresa, en su último balance, también puso en duda que pueda cumplir con el pago. “Para atender en el futuro los compromisos financieros en las condiciones pactadas, está sujeta al resultado de las negociaciones de recomposición tarifaria (...), y a la consecuente mejora de su situación económico financiera”.

La recomposición de la que habla la firma norteamericana es la que habilitó, en el año 2008, el gobierno nacional. Pero, en enero de 2009, el defensor del Pueblo de la Nación promovió una presentación por la cual, entre otras cosas, planteaba su oposición a las resoluciones que pusieron en vigencia los mencionados cuadros tarifarios, básicamente el aumento dispuesto por una resolución del ENRE que incluyó el traslado a la tarifa del incremento en el precio estacional de la energía.

La medida cautelar promovida por el defensor del Pueblo ordenó a las distribuidoras (Edelap, Edesur y Edenor) que se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica de los usuarios afectados por el aumento de la tarifa en cuestión, de producirse la falta de pago de las mismas.

Altas fuentes del gobierno nacional consultadas por Hoy también informaron que la firma, controlada por el grupo norteamericano AES, estaría en el umbral de una convocatoria de acreedores. A su vez, circularon fuertes trascendidos de que la empresa podría abandonar la concesión. Aunque sus directivos lo niegan en público, en privado autoridades nacionales y provinciales no descartan ese desenlace.

Es más, la administración K tiene en la mira a Edelap desde hace tiempo, al punto de que hace tres años el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, presentó una demanda debido a que “ha detectado una irregular registración contable que beneficia directamente a su controlante AES, lo que provoca un deterioro significativo en la ecuación económico financiera” de la firma.

“Las irregularidades impactan y ponen en riesgo las inversiones necesarias para la prestación del servicio de provisión de energía eléctrica”, se afirmó en la denuncia. Entre las maniobras detectadas por la administración K, se habla de acciones tendientes a transferirle rentabilidad de Edelap en beneficio de AES, su controlante, y de otras empresas del grupo, entre ellas la firma Luz del Plata, que “tiene a su cargo el gerenciamiento y por ello cobra honorarios”.

“Al mantenerse la deuda en concepto de intereses y actualizaciones, Edelap no sale del endeudamiento y no puede proyectar las inversiones necesarias para mantener el servicio”, agregó el comunicado del Ministerio de Planificación.

Como reflejó Hoy en numerosos informes, Edelap es objeto de serios cuestionamientos por parte de los usuarios por sistemáticos incumplimientos de servicio, falta de inversión en el mantenimiento de las redes y reiteradas irregularidades en la facturación, además de una política asombrosamente deficiente de atención al público y de intervención en las emergencias.

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