La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “las dramáticas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad” en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, según confiaron fuentes oficiales a Online-911.
Estas condiciones fueron constatadas por el relator para las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar Gil, en la visita que realizó al país en junio de 2010. En aquella ocasión, Escobar Gil examinó distintas cárceles y comisarías de la Provincia y exhortó al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana”.
En la audiencia realizada este viernes en la sede de la CIDH en Washington, representantes de la Comisión por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron imágenes y un diagnóstico extenso sobre las condiciones de detención que sufren los presos bonaerenses.
A su turno, el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la Provincia, César Albarracín, negó las denuncias formuladas por las organizaciones.
El contraste entre la denuncia y la voz oficial impactó a los comisionados presentes en la audiencia, quienes reclamaron al representante del gobierno bonaerense que reconociera si las imágenes presentadas correspondían a casos reales. Ante esta pregunta, Albarracín debió admitir la veracidad de esas denuncias.
Escobar Gil preguntó también por las políticas públicas implementadas para mejorar “la dramática situación en que se encuentran las personas privadas de libertad” en la Provincia, e indagó sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas luego de su visita. Albarracín no respondió de manera clara.
Tampoco pudo contestar las preguntas de los otros comisionados, que apuntaron a las investigaciones judiciales y administrativas por los casos de tortura y muerte de detenidos, y a las políticas específicas para personas lesbianas, gays, bisexuales y travestis (LGBT) privadas de libertad.
Resultó preocupante para el organismo internacional la ausencia del gobierno nacional, que debió haber estado representado por funcionarios de la cancillería. El Estado federal es responsable ante la Comisión Interamericana por las violaciones de derechos humanos que se producen en cualquier lugar del país.
Estadísticamente, las malas condiciones de estadía de los detenidos es uno de los factores que sirve como desencadenante de motines. Además, sólo el 3 por ciento de la población carcelaria está con condena firme.
