Como parte de la investigación, Tesón ya le tomó declaración a una mujer policía, identificada como Adriana Salgueiro, y a Liliana De la Canal, una ex funcionaria del Registro de las Personas.

De la Canal explicó que en el área ubicada en 1 y 60, dependiente de la Jefatura de Gabinete, hay una oficina que se ocupa de registrar las firmas de los médicos que se desempeñan en las morgues, y habría confirmado que los empleados de esa entidad dejaron pasar firmas truchas en al menos cinco certificados de defunción.

En tanto Salgueiro, la mujer policía que cumplía funciones en la morgue ubicada en las instalaciones del Cementerio Municipal de La Plata, habría asegurado que un perito eviscerador falsificaba firmas de los médicos de guardia.

Lo que se presume es que se vendían certificados de defunción en blanco, con firmas apócrifas de galenos, sus sellos y diagnóstico de muerte natural, a por lo menos dos empresas funerarias de La Plata. Por tal razón, el fiscal Tesón analiza convocar a la UFI Nº 8 a los propietarios de las casas de sepelios sospechadas de participar en las irregularidades.

Este expediente se inició luego de la trágica inundación ocurrida en La Plata el 2 de abril de 2013, tras recibir varias denuncias respecto a personas que, aunque habían muerto al quedar sumergidas en el agua, en los certificados se indicaba que habían fallecido por un paro cardiorrespiratorio.

El primer paso de esta investigación se dio con la muerte de Juan Carlos García, un hombre que se ahogó en la vía pública en la zona de 21 y 32, y sin embargo, de acuerdo al acta de defunción, su fallecimiento había ocurrido por un paro cardíaco.

“Se descubrió que varios certificados de defunción tenían la firma de médicos que aseguraron no haber estampado esa rúbrica”, señaló un vocero de la UFI Nº 8.

A partir de la afirmación de los galenos, se ordenaron pericias caligráficas y se llegó a la conclusión de que empleados de la Morgue falsificaban las firmas de los certificados de defunción (más conocidos como los formularios 03), para luego venderlos a casas de sepelios ubicadas en la capital provincial.

En definitiva, lo que se investiga son posibles ocultamientos de homicidios a través de la presentación de certificados de defunciones.

Se teme que hayan ocurrido o aún sucedan situaciones similares a lo que pasó con la socióloga María Marta García Belsunce, en el año 2002, ya que fue sepultada con un informe médico que indicaba como motivo del deceso un fuerte golpe accidental en la cabeza, mientras que, en realidad, había recibido seis disparos.