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Una nueva reunión, como paso previo a la audiencia que tendrá lugar en la Suprema Corte de Justicia el 15 de octubre próximo, se realizó entre la Provincia y las entidades ambientalistas que buscan el cierre definitivo del relleno sanitario de la Ceamse que se ubica en el camino a Punta Lara, en Ensenada, consigna El Día.
No hubo en la instancia de este miércoles avances respecto al acercamiento de las partes y se fijó, por lo tanto, otro encuentro, que se concretará a mediados de este mes.
La reunión fue promovida por la Defensoría del Pueblo de la Provincia con la intención de que el gobierno provincial y las organizaciones que pelean para que se desactive en la Región, de manera “urgente”, el actual sistema de disposición final de residuos domiciliarios, concurran a la audiencia de la Corte con algunas cuestiones acordadas.
Participaron del encuentro el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible - OPDS -, Hugo Bilbao; el asesor general de Gobierno, Gustavo Ferrari; el intendente de Ensenada, Mario Secco; representantes de la Fiscalía de Estado; el presidente de la Agencia Ambiental de La Plata, Sergio Federovisky; el defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto; y Marcelo Martínez, en representación de la ONG Nuevo Ambiente.
Durante la reunión, Bilbao indicó que “estamos realizando modificaciones para que los proyectos sean sustentables”, al tiempo que explicó que las negociaciones con la empresa a cargo de llevar adelante la nueva planta de tratamiento de residuos están demoradas porque la firma “está complicada por cuestiones de público conocimiento, luego del fallo del juez norteamericano Thomas Griesa”.
Asimismo, el funcionario comunicó que el próximo encuentro entre las partes se llevará a cabo el 15 de septiembre.
Obra paralizada
Tras la reunión, Martínez reiteró que “la Provincia tiene la obligación de avanzar en los cinco puntos que se acordaron en la audiencia del 4 de julio y fijar, finalmente, la fecha del cierre del relleno sanitario”.
El proyecto para levantar una planta de tratamiento de los residuos domiciliarios que reemplazará al actual sistema está paralizado desde hace 16 meses, según precisó Martínez. “Es la Provincia, y por resolución de la Corte, la que tiene que garantizar el cierre definitivo del predio”, insistió el dirigente ambientalista.
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