Estas palabras forman parte de un texto redactado por la Asamblea de Asambleas de Familiares de Víctimas de la Inundación que devastó a la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013. Dicho documento fue leído frente a la gobernación provincial, en medio de lágrimas y hondo dolor, al cumplirse un año de la tragedia más grande de la historia de la capital provincial, la cual se llevó, al menos, 89 vidas.

En ese pasaje de la lectura, se cuestionaba duramente el accionar de la Justicia en general, y en particular de Jorge Paolini, fiscal encargado de investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el desencadenamiento de dicha tragedia, ya que, a pesar del tiempo transcurrido, los familiares advirtieron que no sólo no realizó detenciones, sino que tampoco llamó a declarar a funcionarios.

Sin embargo, pareciera que ese énfasis y determinación que le requieren a Paolini para esclarecer las responsabilidades de funcionarios en la noche más oscura de La Plata, el fiscal lo ha mostrado en ordenar la detención de dos miembros de la pasada administración radical del Consejo Escolar de Brandsen, como así también de dos proveedores del mencionado organismo, acusados (tras una denuncia de los consejeros del FpV) de manejos irregulares en la facturación de provisión del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante el ejercicio 2011.

El actual oficialismo en el Consejo Escolar brandseño radicó esta denuncia penal ante la Justicia advirtiendo diferencias entre la cantidad detallada de productos que figuraba en los remitos del Consejo y la que se marcaba en los duplicados que poseían algunas escuelas. No obstante, el pasado año el Tribunal de Cuentas de la provincia aprobó la Rendición de Cuentas del período cuestionado por los consejeros del FpV, con lo cual parecían disiparse todo tipo de dudas.

Un proceder llamativo

En cuanto a la causa, tanto los funcionarios públicos implicados (la actual consejera Mirta López, por entonces tesorera, y el ex presidente del Consejo Escolar, Carlos Magnani), como los proveedores (Carlos del Po y Sandra Durán) nunca habían sido requeridos por la Justicia, hasta ahora. Repentinamente, el pasado viernes la causa cambió de carátula (pasando a “Delito Peculado”) y el mismo lunes por la tarde, con una rapidez inusitada, el fiscal Paolini pidió la orden de detención de estas cuatro personas a los fines de garantizar su comparecencia ante el Juez Fernando Mateos.

“Lejos está de ser una causa que amerite que se le dé a los denunciados el tratamiento que se les dio porque es la primera vez que se los requiere por parte del fiscal y directamente la primera vez fueron traídos a comparecer por la fuerza pública, eso no pasa casi en ninguna causa judicial”, se quejó en diálogo con NOVA el abogado y presidente del Comité UCR-Brandsen, Dr. Marcos Erregue, quien remarcó la buena predisposición que siempre tuvieron los consejeros para esclarecer cualquier duda sobre este caso.

Crónica de una semana agitada

Este escándalo se desató durante la tarde del pasado lunes, cuando los cuatro acusados fueron detenidos por personal de Delitos Complejos con el fin de garantizar su declaración indagatoria ante el Juez al día siguiente. De acuerdo a averiguaciones hechas por este medio, esa noche, al no tener Delitos Complejos un lugar donde alojarlos, Del Po y Magnani fueron trasladados a Olmos, en tanto que López y Durán fueron llevadas a la Alcaldía de Romero.

Al día siguiente, fueron enviados al Juzgado pero no les tomaron declaración, sólo los pusieron al tanto de la acusación, algo que no habrían hecho al momento de detenerlos. Más allá de que los consejeros prefirieron no hacer aún declaraciones de lo sucedido, NOVA pudo saber, por fuentes cercanas, que uno de los acusados se descompuso ante un pico de presión pero que, sin embargo, no fue hospitalizado.

Tras horas de angustia y desconcierto, finalmente el miércoles en horas de la noche los cuatro demorados recuperaron su libertad tras pagar una fianza. En tanto, los implicados no se pueden ausentar de sus domicilios por más de 24 horas sin comunicarlo al Juez. Vale recalcar que el “Delito Peculado” refiere a acciones de fraude al Estado en beneficio propio o de terceros. A futuro, probablemente vuelvan a ser requeridos por la Justicia, aunque podrían declarar mediante un escrito de los abogados defensores, quienes al parecer se mostraron indignados por el repentino cambio de carátula y el chocante proceder.

Interrogantes varios

Ante esta situación surgen varios interrogantes: ¿Por qué Paolini pidió la detención de estos cuatro implicados para garantizar que declaren cuando nunca tuvo de ellos antecedentes de resistencia alguna? ¿Por qué el fiscal toma esa determinación al investigar a funcionarios públicos de un pequeño pueblo y lejos está de hacer lo mismo para determinar los responsables políticos de la peor catástrofe de la historia platense?

En declaraciones signadas al diario El Día, Paolini señala que la mayoría de los remitos en cuestión, al final de los listados de alimentos, se incorporaban uno o dos renglones con el ítem “vigilantes”, agregando que “hay casos de 2.800 vigilantes en un solo día, destinados a un mismo establecimiento. El ardid era tan lesivo como burdo”. Ahora, ¿no resulta precisamente “burdo” que cuatro personas se asocien para estafar al Estado por montos que representen 2800 vigilantes?

Y, de ser así, ¿tan “burdo” es su accionar que lo dejan sentado en los remitos? ¿O es que sólo se trata de una redefinición de productos para que el proveedor pueda cobrar por alimentos no contemplados por licitación pero que fueron destinados en su momento a los comedores para que los chicos no tengan su panza vacía ante el retraso en los pagos de Provincia en concepto de SAE?

Lógicamente, Paolini no tiene que conocer ni debe considerar, a la hora de pedir esas capturas, la intachable reputación que tienen en Brandsen los funcionarios públicos implicados, pero ¿conoce cuál es la situación de los Consejos Escolares bonaerenses y los malabares que tienen que hacer los consejeros para poder darle un plato de comida a los chicos cuando las partidas de SAE no sólo son escasas sino que llegan retrasadas? El Tribunal de Cuentas bonaerense, al aprobar el Ejercicio 2011 del Consejo Escolar de Brandsen, seguramente tuvo en cuenta este panorama.

Y, finalmente, ¿Es casual que esta detención de consejeros radicales se efectúe en tiempos donde se activó la causa en la que el intendente de Brandsen está procesado por presunta falsificación de documento público? Sería penoso creer, como lo manifiesto semanas atrás el mismo Gastón Arias, que “la política también a veces hecha mano a la Justicia”.