Así, sin reparar en la natural preocupación de los dueños como así tampoco ahondar en la extrañeza de lo expresado por dicho fallo, el oficialismo decidió poner sobre el tapete el tema mediante un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante. Sin embargo, durante la pasada sesión deliberativa, desde el radicalismo (que estaba al frente del municipio al momento de dictarse el fallo en cuestión) se respondió que desde el Tribunal de Cuentas existió “un error de interpretación” al momento de incluir esos bienes como cedidos a la comuna y que dicho error provino de un informe enviado por el Ejecutivo que “puede dar lugar a la confusión”.

Proyecto desdoblado

El proyecto de Comunicación original del bloque oficialista sobre el tema fue desdoblado ya que se le pedía informes a dos organismos: el Tribunal de Cuentas provincial y el Ejecutivo municipal. En el primer caso, al ser un Cuerpo que está bajo la órbita bonaerense, corresponde que la solicitud sea mediante Resolución. En el segundo caso, el pedido de informe sí podía realizarse mediante proyecto de Comunicación, pero por mayoría de la oposición se decidió que sea por Decreto.

¿Qué diferencia existe entre ambos mecanismos? En la Comunicación, el Ejecutivo no tiene plazos para la respuesta. En cambio, en el Decreto el intendente tiene un tiempo máximo de cinco días hábiles para responder, caso contrario incurriría en “falta grave”. ¿Por qué se puso énfasis en este aspecto desde la oposición? Porque, particularmente desde el radicalismo, se apuntó a una rápida respuesta para aclarar una situación que echa un manto de sospecha sobre el accionar de la administración de la UCR.

El pedido

En el proyecto de Resolución firmado por los ediles oficialistas y enviado al Tribunal de Cuentas se solicita que se brinde más detalles acerca del fallo del 4 de abril de 2011 en base al estudio de cuentas ejercicio 2009. El mencionado fallo expresa la existencia de 26 inmuebles cedidos por sus propietarios a la comuna. Argumentando la “necesidad imperiosa de poder contar con recursos edilicios” para áreas municipales como Obras Públicas, departamento de Cultura, entre otras y para las cuales actualmente el municipio tiene que alquilar inmuebles, es que el oficialismo fundamenta ese requerimiento de información.

A la hora de argumentar ese pedido, el concejal Herensperger solicitó que “el Tribunal de Cuentas se exprese nuevamente porque creo que esto ya está claro en el fallo y dice que fueron cedidas estas innumerables propiedades al erario municipal”, agregando que “estamos casi en la afirmativa” de tener dichos inmuebles. E insistió dejando prácticamente por sentado que los 26 inmuebles son del municipio: “Yo no voy a entrar a dudar del Honorable Tribunal de Cuentas, por eso, ante el asombro de esto solicitamos desde acá que se nos informe eso, nada más (…) Si ellos tienen algo más para aportar de esto, porque está claro, ya se expidió, esas propiedades fueron cedidas a la comuna por sus herederos”.

La explicación de la UCR

Sin dudar en considerar que la instalación del tema por parte del oficialismo “tiene alguna intencionalidad política”, el edil de la UCR Ramiro Alcuáz (quien fue secretario de Gobierno durante un tramo de la gestión radical) explicó de dónde surgió lo que catalogó como “una interpretación errónea” del Tribunal de Cuentas que luego “lo termina subsanando”.

Detallando que dicho organismo, al revisar todas las cuentas del municipio, audita cuáles son los deudores que tiene el municipio en la materia de distintas tasas, recordó que en aquel entonces el Tribunal de Cuentas tomó una muestra de 92 partidas de deudores de la Tasa por Servicios Generales Urbanos Directos e Indirectos, requiriendo a los funcionarios brandseños de ese momento que respondan sobre cuáles fueron las acciones que hizo el municipio para cobrar esas tasas.

Los punto y coma… y la coma

En efecto, desde el Ejecutivo se elevó una respuesta de parte del Asesor Letrado de ese entonces, la cual reconoció Alcuáz que fue “algo confusa, no es del todo clara”. Y explica: “En ese descargo aparece la larga lista de estas 26 partidas y acá está la cuestión: las partidas están separadas por punto y coma, salvo la última partida, la 1880, que está separada por una coma para darle desde el punto de vista de la lectura, una continuidad. O sea, el punto y coma separaba (las partidas) y la última, en vez de punto y coma, tiene una coma”, agregando que ésa última partida había sido cedida a la comuna por “la heredera” y no las anteriores.

“Nos hemos reunido en aquel entonces con el asesor letrado municipal y para nosotros está claro”, comentó Alcuáz, afirmando que, en el fallo 2011, el Tribunal de Cuentas deja sin efecto las reservas impuestas, “lo da por concluido”. Aunque afirmó que “nos interesa y mucho que esto lo aclare el propio Tribunal de Cuentas y lo aclare rápido”.

Tras desmenuzar la explicación, Alcuáz apuntó contra el bloque oficial, considerando que con este tema se busca “que algunos déficits de la gestión en materia de servicios” y “el aumento de tasas” se pretende “sacar de escena e instalar otro tema”.

Más aclaraciones

A lo expuesto por Alcuáz, el presidente del Concejo, Raúl Paz (UCR) bajó al recinto para realizar más aclaraciones. Afirmando que el Tribunal de Cuentas “es un organismo de contralor y no otorga propiedades” y que por ello “no va a cambiar la titularidad de dominio porque lo diga el Tribunal de Cuentas”, Paz remarcó que esas supuestas propiedades cedidas no pasaron por el Concejo Deliberante, instancia obligatoria cuando se realizan donaciones al erario municipal. A su vez, subrayó que el texto del fallo habla de “herederas”, lo cual hace alusión directa a las herederas del único inmueble en verdad cedido.

Por otro lado, recalcó que en el fallo del Tribunal de Cuentas se omite el informe del Director de Ingresos municipal que también acompaña la respuesta realizada en ese entonces y que dice que las deudas de esas 26 partidas “están reclamadas judicialmente”, quedando claro así que esas propiedades no están cedidas al municipio.

El oficialismo mudo

Sin dar el brazo a torcer a pesar de las aclaraciones realizadas, Herensperger abrió el paraguas: “Esto no es una cortina de humo de nada, simplemente es el rol del concejal”, deslizó sin contraponer ninguna inquietud a las explicaciones brindadas desde el radicalismo y sólo emitir chicanas infantiles hacia el radicalismo, tales como “están nerviosos, no era la idea”.

Ante ese panorama, el jefe de bancada de la UCR, Daniel Cappelletti aseveró que el proceder de instalar un tema que generó fuerte preocupación en muchos vecinos por parte de Herensperger es de una “irresponsabilidad absoluta” y “una falta de respeto a la gente”. “¿Cómo no vamos a creer que es una cortina de humo?”, replicó, para afirmar posteriormente que “únicamente quieren alarmar a la sociedad”.

Finalmente, el oficialismo no aprobó ese decreto pidiendo que el Ejecutivo informe sobre el tema. ¿Por qué el bloque de Arias no aprobó el Decreto que contenía la misma solicitud de informes que había redactado mediante proyecto de Comunicación? A primeras luces no se entiende.

Aunque, si se piensa que cuanto más tarde llegue una respuesta que pueda aclarar el panorama, más tiempo se mantiene la incertidumbre sobre el accionar de la gestión radical y se corre de la agenda otros temas que pueden poner en apuros a la actual administración, quizás allí se pueda encontrar una respuesta no sólo a esa última pregunta sino a la instalación de este tema con más tufo a operación política que a búsqueda de la verdad. Quizás en este caso Herensperger hizo uso y abuso del mismo pecado que suele enrostrar con aire inmaculado a los medios: la desinformación.