Semanas después de que esto ocurriera, desde el bloque UCR en el Concejo Deliberante, se presentó un proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo informe las causas que determinaron que el sistema informático municipal haya quedado fuera de servicio, como así también qué información se perdió y si se completó la tarea de restauración. La respuesta nunca llegó.

Lo cierto es que, ya en 2014, a varios vecinos les llegó un aviso de deuda por tasas impagas que no eran tales, razón por la que, reavivado el malestar vecinal, desde la bancada radical se insistió en requerir aquella información pero esta vez bajo la vía del Decreto (que obliga al Ejecutivo a responder en un plazo determinado).

La respuesta vino en dos tandas. En la primera, se confirmó que no existían Back Ups al momento del ataque informático “al no poseer la Dirección oportunamente a cargo una metodología para los mismos” (ahora sí lo hacen) y que, al día de hoy, no se recuperó la información sobre las tasas abonadas por medios externos (bancos) de los meses que van de mayo a agosto de 2013. Pero allí quedó sin responder una pregunta importante para saber el accionar del Ejecutivo ante esa situación: si hizo o no la denuncia correspondiente. Por ello, el radicalismo insistió en este punto, el cual se respondió en la sesión del pasado lunes.

Allí, en el escrito firmado por el intendente Gastón Arias, se consignó que (a más de un año del episodio) no se realizó denuncia alguna y que la Asesoría Legal está redactando un proyecto de denuncia. Esto provocó la indignación de los ediles radicales, quienes decidieron este miércoles hacer ellos la denuncia, la cual fue radicada en la Ayudantía Fiscal local.

Así, mediante un comunicado, el bloque de Concejales de la UCR de Brandsen expresó que “atento a la respuesta del Decreto 612/14 por parte del Sr. Intendente con fecha 22 de agosto de 2014, en la que declara no haber realizado denuncia alguna ante el ataque sufrido al sistema informático municipal. Hemos procedido con fecha 03 de septiembre del año en curso a presentarnos ante la Ayudantía Fiscal de nuestra localidad como denunciantes de la posible comisión de un ilícito”.

A su vez, el comunicado señala: “Cabe destacar que nuestra calidad de funcionarios públicos nos obliga, bajo pena de incumplimiento de deberes, a realizar las denuncias pertinentes ante nuestro conocimiento sobre la posibilidad de algún accionar delictivo. En este caso, la omisión de denunciar el ataque sufrido, por parte del Ejecutivo Municipal, declarada en las respuestas a los requerimientos del Concejo Deliberante. Respuestas en las que reconoce estar frente a delitos tipificados por los artículos 183 y 184 inc. 5 del Código Penal, nos obliga a hacer lo que la ley indica”.

Y añadieron: “No es de menor importancia, saber que nos encontramos a un año y dos meses de este ataque que provocó incertidumbre, perjuicios y preocupación en la comunidad. Y que este tipo de investigaciones siempre merecen la premura que garantiza la conservación de las pruebas, evidencias, etc. Y aquí, este protocolo lógico no se ha cumplido. No es de menor importancia, saber que el Concejo Deliberante viene preguntando sobre esta cuestión desde el mes de agosto de 2013 y las repuestas, de forma fraccionada, llegaron con fecha 6 y 22 de agosto de 2014”.

“Esperamos que ante la denuncia formulada, se encuentre responsabilidad y se pueda lograr reprimir el hecho. Esperamos que la demora en denunciar (más de un año) no entorpezca la debida investigación. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir”, puntualizó el comunicado del bloque integrado por Daniel Cappelletti, Antonio Marra (h), Ramiro Alcuáz y Raúl Paz.