En ese marco, este martes diversas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, feministas, culturales y sindicales realizaron una conferencia de prensa en las puertas de la Municipalidad para mostrar su oposición.

NOVA estuvo en el lugar y dialogó con Matías Manuele, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj), quien aseguró: “Lo que nosotros vemos es que es un código puramente punitivo, que de convivencia no tiene nada, no propone ninguna instancia de participación, no dispone mesas de convivencia y no dispone de espacio de mediación para los conflictos. Básicamente, es una lista de faltas y una lista de penas”.

Más adelante, observó que en el proyecto hay una serie de artículos que apuntan a la criminalización de la economía social y popular, “que en este contexto de crisis es una de las pocas herramientas que la gente inventa para ganarse el pan diario, porque no hay otras propuestas de parte de los gobiernos”.

Lo que más preocupa al integrante del Ciaj es que, “además de las multas, se castiga con arresto”, por lo que se preguntó: ¿En qué medida un juez de Faltas (contravencional o municipal), tiene potestades para arrestar a alguien, sabiendo que en la instancia municipal no hay una segunda instancia de apelación ni existen los defensores públicos? ¿Qué garantías tiene la persona frente al juez contravencional que lo manda a arrestar?”.

Por su parte, Damián Brumer, del colectivo de abogados La Ciega, consideró que se trata de un código contravencional que esconde normas penales, “pero sin las garantías propias del sistema penal”. Además, criminaliza, hostiga y persigue a los trabajadores ambulantes, a los trapitos, a los cartoneros y carreros, “lo cual es absolutamente grave, más aún, en este contexto social y económico, donde cada vez más personas quedan desempleadas y el trabajo informal y callejero es una salida”.

“Es una norma que avanza sobre los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la protesta, porque el proyecto establece que para que se realice una movilización hay que pedir autorización previa de 48 horas. Y eso es claramente violatorio del derecho a la protesta y de petición ante las autoridades”.

Asimismo, Patricio Villegas, secretario general de Suteba La Plata, consideró que la norma “empuja a aquellos que han caído de un trabajo formal a casi la proscripción laboral y que lo que hace es reforzar a las fuerzas de seguridad como herramienta represora”. Por eso, “nos vamos a oponer a la prohibición de la venta callejera, a la persecución racial que están haciendo con los trabajadores senegaleses por parte de la policía y de los inspectores municipales”.

Valentina Pereyra, de Ammar, el sindicato de trabajadoras sexuales, también estuvo presente y aseveró que particularmente “nuestras compañeras sexuales de modalidad calle van a ser criminalizadas y perseguidas como lo vienen siendo hasta ahora”, pero con esta nueva normativa quienes las persiguen “van a tener un respaldo más legal”.

Pereyra sostuvo que han buscado participar de los debates convocados por el Municipio, pero consideró que son una pantalla porque solo dejan asistir a personas afines a la gestión. “Esto no solo afecta a las trabajadoras sexuales sino a toda persona que trabaje en la vía pública como los cuida coches y los artistas callejeros”.

Finalmente, desde las organizaciones vienen alertando que el Código de Convivencia Ciudadana junto a la creación de la Guardia Urbana de Prevención forman parte de un plan de gobierno cuyo objetivo principal es crear un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU).

Es decir, lo que está buscando el Ejecutivo es allanar el camino para ese objetivo de fondo, por lo que busca “estratificar en clases la ciudad, que una cosa sea el cuadrado histórico y otra cosa sean la periferia urbana”, expuso Manuele, quien sentenció: “Cambiemos ha sabido trabajar sobre la mercantilización de la ciudad con constructoras inmobiliarias y a costa de las clases más necesitadas”.