Por María del Carmen Taborcía (*), especial para NOVA
La democracia líquida o democracia delegativa revocable es una forma de democracia directa que incluye la posibilidad de delegación de voto revocable de forma instantánea, de ahí su liquidez. Términos relacionados son la democracia directa digital y democracia directa electrónica.
Es un sistema en el que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de votar por internet cada decisión del parlamento y realizar propuestas. También puede ser representante virtual, mediante la publicación de su intención de voto en nombre del partido político o corriente de opinión a la que representa.
No es necesario esperar las elecciones para cambiar de representantes. El voto delegado puede recuperarse en cualquier momento: para votar una decisión puntual en la que se quiere participar directamente; para tomar parte activa en el parlamento virtual, votando cada decisión; para delegar en otro representante.
Un parlamento virtual permitirá que cada ciudadano ocupe su escaño y pueda votar, realizar propuestas o delegar su voto en los representantes que elija. El voto se verifica mediante el DNI electrónico (DNIe), que incorpora funciones criptográficas de identificación y firma digital, lo que permite garantizar la identidad del ciudadano y verificar su voto.
En un sistema de democracia líquida avanzado, se pueden elegir representantes diferentes para cada área de decisión (economía, medio ambiente, educación, etc.). De esta forma, en cada decisión el votante no vota directamente, le representa un experto de su confianza para el área de decisión implicada.
La democracia directa es una forma de control popular donde las decisiones colectivas pueden adoptarse por medio de los votos directos de los votantes.
Se puede considerar democracia líquida a una "democracia directa digital voluntaria" en la que el votante puede participar en las decisiones, aunque puede optar por la abstención o delegar su voto a otra persona si carecen de tiempo y/o el interés de votar sobre la materia delegada.
Por cada ciudadano que ejerciera su derecho a voto, le restaría la cuota de representación que le pertenece al diputado, dándose el caso de que si en una votación todos los ciudadanos con derecho a voto votan, elige el pueblo y no el parlamento.
Hay que examinar otras alternativas democráticas, ya que las que hemos estado viviendo no han sido beneficiosas. Casi obligados a votar siempre al “menos malo”; y como es predecible, salimos perdiendo.
Estamos en números rojos, con saldo negativo: insatisfacción ciudadana, políticos mediocres, políticas públicas nefastas.
(*) Abogada y escritora
