La Fiscalía dictaminó a favor de la representación colectiva del CEPIS contra el aumento del gas
El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de La Plata, Guillermo Héctor Ferrara, dictaminó en favor de reconocerle al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) la representación colectiva de los usuarios residenciales del servicio de gas, en el marco de una acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Energía y Minería del Poder Ejecutivo Nacional, por la modificación del cuadro tarifario, que incrementó el costo de provisión del servicio a nivel nacional.
El CEPIS había iniciado una acción de amparo colectivo en contra de las Resoluciones 212/16 y 74/17 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, mediante las cuales se efectuó la Revisión Tarifaria Integral que culminó con el aumento de las tarifas.
En tal sentido, la organización planteó que el Poder Ejecutivo Nacional había omitido brindar información adecuada y veraz a los usuarios, al tiempo que las nuevas tarifas violaban los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad.
Asimismo, requirió que se certificase la acción como colectiva y se le reconociera su capacidad como representante de los intereses del grupo afectado.
En su dictamen, el fiscal Ferrara consideró que la demanda estaba dirigida a proteger los derechos de la totalidad de los usuarios de gas de la República Argentina, lo que “incluiría a todas la categorías de usuarios previstas en las resoluciones atacadas (Servicio Residencial, Servicio General P, Servicio General G, Gas Natural Comprimido y Gran Usuario)”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal reeditó los fundamentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “CEPIS” del 18 de agosto de 2016 y señaló que la pretensión debía circunscribirse “exclusivamente a usuarios residenciales del servicio”.
Por ello, el fiscal Ferrara dictaminó en favor de reconocerle al CEPIS la representación colectiva de todos los usuarios residenciales del servicio de gas del país y la competencia de la Justicia Federal de La Plata para intervenir en la misma, al tiempo que indicó que correspondía “denunciar la existencia del proceso ante el Registro de Acciones Colectivas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, así, dar inicio al proceso”.
