Los hechos se dieron así: las agrupaciones partieron de plaza Rocha hasta el municipio, donde estuvieron esperando mucho tiempo. Luego, quienes los atendieron les dijeron que no les podían dar respuestas.

Los trabajadores rechazaron la suba de 200 pesos propuesta por las autoridades; veían inadmisible esa situación y, por eso, se movilizaron, como forma de romper con las amenazas de criminalización de la protesta que los funcionarios buscaban imponer, desconociendo la discusión gremial.

Sobre el final, les propusieron una reunión, las organizaciones accedieron y levantaron la protesta; pero al llegar la noche, se enteraron por diversos medios de comunicación local que habían sido denunciados penalmente por el Ejecutivo Municipal por los cortes realizados.

El jueves 13 de julio, los atendió Nelson Marino, secretario de Gobierno de la Municipalidad, y otros funcionarios que al final tampoco les dieron respuestas sobre los salarios ni sobre las denuncias, sino que los pasearon por las oficinas de Desarrollo Social y Espacios Públicos.

La judicialización contra los 11 integrantes de diversas cooperativas fue hecha en un contexto donde las mismas negociaban con miembros del gabinete. La denuncia, recayó en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7 de La Plata, al frente de Virginia Bravo.

NOVA pudo dialogar con Nicolás Salas, periodista reincorporado del diario Hoy, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y uno de los imputados, quien con indignación manifestó: “nos enteramos que hacen una denuncia particular contra mí, por la cual me terminan de imputar y me llaman a declarar este miércoles a las 8.30 de la mañana en la Fiscalía de 7 y 5 6”.

Más adelante, Salas explicó: “La denuncia dice que hubo extorsión, en el sentido que decían que, si ellos no bajaban la denuncia contra mí, nosotros íbamos a seguir movilizándonos contra ellos. Cuestión que no fue así, nosotros les manifestamos que íbamos a seguir protestando y movilizados contra el municipio en tanto pretendan seguir judicializando todas las protestas”.

Cuando se levanta la feria judicial, Salas se entera que la denuncia había sido ampliada, bajo el argumento de que les habría dicho a las autoridades que levanten la denuncia contra él, sino les seguirían movilizando.

Para el dirigente del FOL, que está citado a declarar el miércoles 9 de agosto en Fiscalía, lo que está haciendo el municipio “es omitir el reclamo popular que es bastante básico y sentido en el marco de que se está ofreciendo solo 200 pesos, ante el reclamo por alimentos, por la situación de urgencia que hay en los barrios, que incluso ellos reconocen”.

“Ante eso, la mejor respuesta es no tener en cuenta el reclamo y las exigencias de las organizaciones sociales, sino que apuestan a criminalizar y denunciar la protesta, sentenció Salas.

De acuerdo con averiguaciones de este medio, un secretario del gabinete de Julio Garro habría dicho, off de record, que lo de la denuncia contra los trabajadores cooperativistas sería una orden de provincia y avanzó para intentar cerrar la negociación paritaria; es decir, que la extorsión vendría del lado del municipio.