En las más de las veces, los casos de corrupción terminan de destaparse al ritmo que algunos de los actores involucrados –o con conocimiento de los hechos- se empeñan en sumar datos que a veces evidencian “intereses creados” y otras, solo aportan veracidad. Las “filtraciones” también suman en tren de validación de dichas hipótesis.

En ese contexto y con el gobierno del intendente macrista Julio Garro apostando en el plano retórico a “cambiar la matriz de corrupción” que, se supone, heredó del peronismo saliente encarnado en el bruerismo, el año termina para la gestión de Cambiemos con los datos positivos de un presupuesto municipal aprobado en el marco de una sesión en la que la elección del Defensor Ciudadano y la adenda de ESUR –empresa cuyo gerente es José Terruli- se convirtieron en los temas conflictivos de un diciembre que aún no termina.

Voces del peronismo cuyas versiones fueron ratificadas por algunos dirigentes que militan propio frente Cambiemos dejaron entrever que la servilleta de la polémica –como se informó sugiere pagos por más de 3 millones de pesos- se punteó en un bar en el que políticos de la ciudad de todos los pelajes se juntan a “rosquear” y negociar dándole forma al famoso toma y daca del poder.

Y, en llamativa sintonía a juzgar por sus espacios de pertenencia, afirman que en un banco de ese tradicional pub nocturno se sentó para ultimar detalles de la negociación “el segundo hombre” en importancia de ESUR, empresa cuyo dueño, también ex propietario de la extinta firma 9 de julio, fuera sindicado como testaferro de un ex intendente justicialista de la ciudad.

Según las fuentes, que coinciden con el relato de un observador testigo ocasional, dos días antes de la sesión, el despacho de uno de los concejales del Frente Renovador que también es gremialista de la CGT y “pisa fuerte” en el rubro transporte, fue el lugar elegido para “terminar de cerrar los números” que habrían dado lugar a que en el plenario extraordinario en cuestión la firma vea concretados sus anhelos de continuar prestando un servicio con asignaciones millonarias hasta junio del 2017.

“El despacho fue un desfiladero de gente”, ilustró, sin más rodeos, una de las voces informantes.

Entre versiones y contraversiones, denuncias informales de “operetas” y ratificaciones de nombres y apellidos, cifras y circunstancias, un empleado municipal raso –esas fuentes que suelen aportar más de lo que aparentan- que tiene las suelas gastadas de tanto caminar pasillos añadió que el oficialismo esperaba aprobar la adenda “por lo menos con 15 votos”, circunstancia que finalmente no ocurrió –fueron 13 contra 8- porque hubo una abstención, un faltazo y “concejales que no pudieron ser comprados” –no se sabe si por convicción o por rechazar ofertas consideradas "mezquinas"-.

En ese revuelo, señalan analistas políticos, algunos legisladores que tienen apetencias electorales serias para el año que viene –tal el caso del gremialista de ATSA Pedro Borgini- salieron bien parados, al igual que ediles relativamente críticos del oficialismo como el progresista Gastón Crespo –se abstuvo a pesar de jugar en sintonía con el massismo-, quien siempre cuestionó a la recolectora.

Una empresa ineficiente

La ineficacia en la prestación de servicios por parte de la firma siempre generó cuestionamientos tanto del orden ciudadano como político. Hubo reiterados pedidos de caducidad del contrato y de una nueva licitación. La polémica se reavivó cuando a poco de iniciar su gestión, Garro renovó el convenio sin el aval del Concejo Deliberante.

Luego de haber extendido el contrato con la compañía por unos 600 millones anuales, el Ejecutivo logró la aprobación de un préstamo por 70 millones de pesos para la compra de 40 camiones destinados, entre otras tareas, a recolectar residuos en zonas que Esur no cubre.

El caso de la servilleta se suma ahora a las sospechas por supuestos “retornos” para cajas política que rodearon aquella renovación. Siempre favorecida –aun en anteriores gestiones- ESUR jamás cumplió cabalmente con su último compromiso asumido de pagar en tiempo y forma sueldos de cooperativistas, incorporación de rodados y garantizar un servicio de recolección de probada calidad.

A esta polémica se sumó, el jueves pasado, un ruidoso reclamo por parte de recicladores urbanos frente al Palacio Municipal. Los comúnmente llamados “cartoneros” piden ser reconocidos como trabajadores formales del rubro

Asunción de autoridades

Entre los datos de agenda que tuvo la semana, se produjo la asunción del edil Claudio Frangul –su nombre está garabateado en la servilleta- como presidente de la Junta Central de la UCR de la Octava. Fue un acto en el que sobrevoló el tema al que acudió, junto a un puñado de radicales oficialistas locales y legisladores provinciales y nacionales, el vicegobernador bonaerense y presidente de la UCR provincial Daniel Salvador

Más críticas por el Defensor

El bloque de concejales del FpV-PJ materializó una presentación judicial para impugnar la elección de la Defensora Ciudadana, Florencia Barcia, a través de un recurso ante el Tribunal de Cuentas y ante la Justicia Contencioso Administrativa por considerar que la ombudsman fue elegida de forma irregular.

Concretamente, se afirma que la sesión especial del Concejo Deliberante en la que fue designada se realizó “fuera del período legislativo” y su convocatoria “no contó con la cantidad de firmas necesarias que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades”. A esa movida judicial se sumó, en las últimas horas, un fuerte cuestionamiento del ex candidato, periodista y dirigente del justicialismo local Jesús María “Tito” Plaza. “Fue una negociación espuria”, cuestionó.