El acto se llevó a cabo desde las 10.30 de este miércoles en el Rectorado de la UNLP y contó con la participación de representantes de la Coordinadora Migrante, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la Memoria, quienes destacaron el aporte de las diversas colectividades migrantes en la producción, el trabajo y el intercambio cultural en el desarrollo de la sociedad.

En el mismo sentido, Clara González, coordinadora de la comisión por los Derechos de los Migrantes, explicó que delimitaron tres líneas de trabajo, por un lado, un posicionamiento de la UNLP sobre el Decreto 70­; por otro lado, en capacitaciones en barrios en relación al impacto del DNU en las comunidades migrantes, articulando con la Coordinadora Migrante; y por último, la producción de contenidos audiovisuales.

Para González, las migraciones generalmente son forzadas, “en el sentido de que no son elecciones de individuos, sino que tiene que ver con condiciones de vida desiguales e injustas y entonces nos parecía importante poder plasmar algo de eso en las producciones de contenidos audiovisuales”.

La vicepresidenta académica de la UNLP, Ana Barletta, dialogó con NOVA y manifestó que “es un orgullo desde aquí atraer a las secretarías de extensión, a los proyectos de extensión específicas sobre migrantes, a los colegios a una convergencia político, institucional y académica que queremos visibilizar en conjunto con las organizaciones sociales”.

Más adelante, advirtió: “Leer este decreto me generó unos sentimientos que indignan, porque en todos sus considerandos parece que estamos a favor de los migrantes y, luego, en sus artículos y modificaciones es donde la regresión y la relación es muy significativa. Entonces ese lenguaje que tiene el decreto nos preocupa muchísimo”.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, manifestó que “hemos visto hacia donde se apunta, en términos de cambio de paradigma respecto de una política que tenga una mirada de la migración no ya para reconocer como un derecho humano, sino a una política de control y restricción del ingreso”.

Pomares explicó que el Decreto 70 “amplía de manera exponencial los motivos de expulsión, restringe el derecho de defensa porque [el migrante] va a tener que justificar su condición de pobreza y, también, porque se establece un criterio de notificación ficticia”.

Porte su parte, Guillermo Mazars, director de Políticas Migratorias de la Defensoría del Pueblo resaltó que “los aspectos sociales que generan las políticas restrictivas, tienden a provocar condiciones de desigualdad. Los efectos de eso son precisamente la criminalización de las migraciones”.

Finalmente, enfatizó: “No permitamos que una errónea política migratoria vulnere los derechos de una parte muy importante de nuestra sociedad”.