En diálogo con NOVA, Julio Avinceto, de la agrupación Hijos de La Plata, explicó que “este sería el último alegato de la querella en el juicio, restaría el alegato de las defensas, el Tribunal se va a tomar un tiempo y esperamos para mediados de noviembre que dicten la sentencia. En este juicio son siete casos: cuatro asesinados y tres sobrevivientes que fueron testigos y relataron los hechos que vivieron durante sus secuestros”.

Desde los organismos de derechos humanos advirtieron que si bien Castillo y Pomares son dos de los más conocidos de la banda paraestatal de la derecha peronista en La Plata, faltan más de veinte integrantes de la patota que están completamente identificados pero que no están imputados en ninguna de las causas. Cuando la querella hizo un pedido de ampliación para que se juzguen 20 casos, el Tribunal se los negó y solo tomaron siete.

Por su parte, Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, manifestó que “estamos finalizando este primer juicio con un recorte muy particular porque, acá se juzgan hechos ocurridos entre enero y abril del 76, con solamente dos imputados, que eran de los más jetones de la CNU por solo siete hechos”.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal N° 1 y subrogan los jueces Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Daniel Esmoris. Este tribunal no es estable y ha tenido cambios en su conformación a lo largo del tiempo, no está más quien fue su presidente Carlos Rozanski,

En ese sentido, Avincento afirmó que “son jueces que no nos merecen ningún tipo de confianza, en otros fallos anteriores no han acompañado los planteos que desde nuestra querella hicimos, no solo en el sentido de condenar como delito de lesa humanidad sino como un delito internacional de genocidio. No acompañan esa posición, incluso por una cuestión meramente procedimental”.

Por su parte, Eloy, enfatizó en que este tribunal “tiene en sus manos todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que hay en el fuero federal de La Plata; es vergonzoso”.

Esmoris es un juez que, en causas específicas, ha entregado el beneficio del 2 x 1 a represores como Ramón Fernández y Abel Dupuy, penitenciarios vinculados al Circuito Camps. Fueron casos trascendentales por el que los organismos de derechos humanos tuvieron que movilizarse y pudieron frenar la medida.

“Que nos quieran hacer tragar el verso de que este es el juicio de la CNU dista mucho de la realidad, lo que hay son un montón de causas en primera instancia, todas separadas que es la forma de conseguir impunidad, ya sea amparándolo como se los ha amparado desde los distintos gobiernos y el paso del tiempo, produciendo la impunidad biológica por la muerte de los ejecutores o las propias víctimas y familiares. Entonces llega un momento en que ya la reparación no existe”, relató Eloy.

Asimismo, Avincento fue enérgico y apuntó: “La CNU no fue solo una banda de loquitos sueltos por fuera de la estructura estatal sino que contó con la aquiescencia del Estado y del gobernador Victorio Calabró, con el aporte de la Unión Obrera Metalúrgica, la CGT, las 62 organizaciones, todo el armado político sindical que servía de base para la estructura, la logística y las armas como se probó ya en los juicios que tiene sentencia respecto a la Triple A”.

Finalmente, Eloy señaló que “a pesar de todo lo que hacen por sostener la impunidad, por profundizarla, nunca lo van a lograr del todo. Nosotros somos sobrevivientes. No vamos a bajar los brazos”.

Desde la querella esperan el máximo de las penas por la responsabilidad en estos siete casos que se están juzgando, pero que también este juicio sirva para acelerar la instrucción de los más de sesenta asesinatos que no solo involucrarían a Castillo y a Pomares, sino al resto de los represores de la CNU. Es una lista muy larga que fue mencionada por los testigos y varios de los sobrevivientes en este juicio.