Batalla legal por "irregularidades" tras presentación de listas para comicios en Cámara de Comercio
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Con pedidos de suspensión de los comicios y una extensa lista de irregularidades denunciadas mediante, las elecciones para la renovación de autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata asoman polémicas y viciadas.
El oficialismo y la oposición presentaron sobre el filo del inicio del mes de mayo las listas de 54 candidatos, que en estas horas deberá arrojar definiciones oficiales luego de la evaluación de rigor a cargo del Consejo Consultivo tal lo estipulado por el Estatuto de esa entidad.
La lista oficialista está presidida por Juan Carlos Piancazzo y la opositora –desde donde surgieron quejas por irregularidades- por el vicepresidente segundo de la institución, Rafael “Cacho” García. “Las irregularidades son absolutas; no dejaron acceder libremente al padrón de socios a pesar de que fue requerido en innumerables ocasiones. Tampoco se exhibe la información contable de la entidad como la memoria balance inventario”, se quejaron desde la oposición.
Un personaje de la fauna política local es consignado como “involucrado” en el entramado de irregularidades. Se trata del referente macrista de la Fundación Pensar y ex administrador fraudulento de la Fundación Catedral y de los bienes de la Curia platense, Eduardo Di Marco, quien figura en la lista oficialista como aspirante a vicepresidente 3° y si bien no intervino en carácter de escribano, estuvo presente en la presentación del cierre del plazo para la presentación de nóminas.
En paralelo, García presentó una denuncia formal en la Dirección de Personas Jurídicas solicitando la suspensión de la asamblea electiva para que “se cumplan los pasos previos legales” al comicio, como la entrega de documentación obligatoria, lo que ya desató una “batalla legal”.
La denuncia pide que “se intime al actual presidente, Juan Carlos Piancazzo, para que en el plazo de 48 horas hábiles” cite a una reunión de directorio y postergue el comicio previsto para mediados de mes. El oficialismo insiste en que no se desarrolla “nada por fuera de la ley” y proclama el respeto “absoluto del estatuto”.
La nota presentada ante Personas Jurídicas contiene 17 puntos, pero entre las supuestas irregularidades que denuncian existen dos fundamentales para pedir la suspensión de la asamblea: por un lado “la negativa” de la actual gestión a permitir el acceso al padrón de asociados habilitados para votar. Y por otro, el “manejo irregular” de poderes mediante los cuales -según lo estipulado en el estatuto- un socio titular permite votar a otra persona que designe. La oposición sostiene que “no están autenticadas las firmas” y que “existen poderes firmados en blanco para su utilización en las elecciones”.
