Ningún funcionario público aborda el tema de la inmigración profundamente por miedo a ser fusilado mediáticamente como “discriminador” o “xenófobo”, más aún quienes forman parte del Proyecto Nacional y Popular o la izquierda.

Marcelo Peña, abogado platense, aseguró a NOVA: “Es esencial, a partir del censo, requerir al gobierno del país hermano que de un aporte económico para que la persona pueda acceder a todos los servicios, si no colapsan el sistema”.

En relación a los indocumentados, el letrado sostuvo: “Se le debe dar la posibilidad de radicarse con todo lo que exige la ley, de lo contrario tiene que volver a su país. Si nosotros vamos a otras naciones de ese modo somos considerados delincuentes en potencia y en 72 horas días nos deportan”.

Sistema de salud saturado

“Es imposible ir a los hospitales públicos, están colapsados de ciudadanos de naciones limítrofes”, es el habitual reclamo de un sector de la sociedad. Pero, ¿la crisis en salud es culpa de los inmigrantes o de la falta de inversión en el área?

Días atrás, Oscar Herrera Ahuad, ministro de Salud Pública de Misiones resolvió cesar la atención a pacientes oncológicos de Paraguay –por más que cuenten con cobertura de obra social-, por razones presupuestarias.

“Es importante el control municipal y provincial con respecto a quiénes se les da los subsidios, es menester una cooperación internacional en estos casos”, manifestó Peña.

Argentina es un país que tiene en sus raíces la inmigración. “Nuestros abuelos vinieron a trabajar con dignidad, los que vienen ahora lo hacen para aprovecharse de los servicios gratis. Para colmo, parte de la población extranjera delinque y eso opaca el trabajo y esfuerzo de una mayoría”, sostuvo a este portal un vecino platense que esperaba ser atendido en el Policlínico San Martín.

En Educación también se discute el tema: son muchos los extranjeros que desembarcan al territorio argentino para estudiar carreras universitarias y terciarias: “Pagar un alquiler, vivir bien y estudiar en Argentina me resulta más barato que los honorarios en las facultades de mi país”, aseguró un colombiano que estudia Periodismo en la UNLP.

Fronteras coladores: el peligro del narcotráfico

La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen por la ley 25.871. Logró promulgarse en el 2013, dejando inactiva la llamada "ley Videla", luego del impulso durante años de varios sectores sociales, como organismos de derechos humanos.

Reemplazó una norma basada en la doctrina de la seguridad nacional, que ve a la inmigración -sobretodo sudamericana- como una amenaza, por un acuerdo regional que facilita la circulación y la residencia entre los países, y una ley migratoria con un importante enfoque de derechos humanos.

La falta de aplicación de algunos artículos de la ley en las fronteras se convirtió en un arma de doble filo. “El narcotráfico en Argentina está complicado. Estamos en una alerta amarilla más cercana al rojo que al verde", dijo el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova quien definió así a la crítica situación que se vive en la zona fronteriza del país.

En la zona en la que Argentina limita con Paraguay y Bolivia se ve una marcada carencia de control por parte de las autoridades aduaneras y policíacas hacia las miles de personas que diariamente cruzan sin mostrar un solo documento entre los países. De esta manera, el tráfico de drogas y de otros productos se incrementa.

Por su parte, Peña expresó: “Lamentablemente tenemos que someternos a nuestra constitución, en nuestras carta magna se autoriza el libre tránsito, libertad de trabajo para residente, nativos y extranjeros, faltaría un control más riguroso para permitir ello”.

Asimismo, sentenció: “También hay que reconocer que cuando vienen de afuera con recursos pero sin documentación para poner una empresa son tratados como reyes, y el pobre trabajador que viene a realizar tareas que el argentino no hace, es discriminado”

La insistencia de Berni en el pedido de hacer cumplir la ley que prevé la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometen delitos en el país, volvió a detonar un debate abierto acerca de los derechos de ciudadanos extranjeros que no están nacionalizados.