Una inspección judicial recorrió el Hospital Alejandro Korn por delitos contra pacientes
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata realizó, el último martes, un reconocimiento judicial en la Dirección Asociada de Psiquiatría del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”.
Según informaron fuentes judiciales a NOVA, el hecho fue a partir de un amparo colectivo presentado por el CELS, producto del trabajo conjunto con la organización territorial Desheredados de la Razón, que denunció la situación generalizada de violaciones a los derechos humanos en esa institución.
El Registro de Defunciones de la Dirección de Psiquiatría asentó un número de fallecimientos preocupante: 59 personas murieron durante 2013 y 43 en lo que va de 2014. Las causas de esas muertes aún se desconocen.
El objetivo del reconocimiento fue que el juzgado constate las condiciones de internación, visibilice los tratamientos de salud mental, la falta de atención integral, y el estado de abandono generalizado.
Las personas internadas bajo la Dirección de Psiquiatría de Romero enfrentan diversas modalidades de violencia institucional y conviven en la marginalidad y la exclusión. La consecuencia es la exposición permanente a factores de riesgo que atentan contra su integridad física, mental e incluso contra sus vidas.
Desde el CELS confirmaron sobre la falta de controles eficaces de los lugares de encierro. Tal es el caso de la ausencia de una ley provincial que cree el Mecanismo Local contra la Tortura, a pesar de la promulgación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes a comienzos de 2013.
El Hospital Romero resulta un caso paradigmático de lo que ocurre en distintas jurisdicciones del país: pese a que se hacen declaraciones a favor de implementar la Ley Nacional de Salud Mental, en la práctica se sostienen estructuras manicomiales centenarias que funcionan como velo a la indiferencia estatal sobre los padecimientos mentales.
El modelo vigente expone a las personas usuarias a torturas, malos tratos e indignidades cotidianas, además de que su institucionalización acrecienta los niveles de discapacidad. Es necesario dar cumplimiento al mandato legal y alcanzar un sistema de atención a partir de la inclusión social.
