Judiciales y Policiales
Tolosa

Comienza juicio por el homicidio de Maximiliano Díaz Subils

Comisaría Sexta Tolosa.

Desde este lunes y hasta el 30 de abril próximo van a declarar ante la Justicia cuatro médicos y cinco efectivos de la Policía Bonaerense imputados por la muerte de Maximiliano Díaz Subils en un calabozo de la Comisaría 6° de Tolosa en 2006. La causa es patrocinada por la Asociación Civil Miguel Bru.

El 3 de mayo de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intimó a la Provincia a que en un plazo de 60 días haga cesar el encierro de personas enfermas y menores en comisarías del territorio provincial.

Fue luego de la presentación de un habeas corpus colectivo encabezado por el Centro de Estudios Legales y Sociales por la situación estructural de violación de derechos de las personas privadas de libertad, que instó a los distintos poderes provinciales a que readecuaran las políticas impulsadas durante esos años para adaptarlas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, el domingo 19 de febrero de 2006 Maximiliano Díaz Subils murió en un calabozo de la Comisaría Sexta de Tolosa, después de agonizar más de 14 horas. Sus compañeros de detención llegaron a romper a patadas las bisagras de las rejas de la zona de calabozos para exigir atención médica.

Aún cuando fueron muchas las oportunidades de salvarle la vida, ni los policías ni los médicos tuvieron más respuesta que el desinterés, el destrato y las burlas permanentes, que muestran la desaprensión ética y moral que reina en la Provincia por la vida de las personas privadas de libertad.

Después de ocho años de litigio y un sinfín de dilaciones, la investigación fue asumida por el fiscal Alejandro Marchet quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión. Además un funcionario policial está imputado por falsificación ideológica y encubrimiento y otro por coacción agravada.

Fabio Villarruel, abogado de la Asociación Miguel Bru, refirió que “es muy importante que la Fiscalía haya imputado tanto a los médicos como a los funcionario policiales, que es lo que veníamos reclamando, porque esta causa debe necesariamente desentrañarse en un debate oral”.

Previamente, cuatro fiscales intentaron reducir el conflicto a un supuesto de mala praxis médica y hasta la Fiscalía General sostenía lo que para el abogado constituye un acto “absolutamente divorciado de la verdad y la justicia”.

“Sin embargo, bien vale resaltar que los familiares de Maximiliano, jamás pretendieron venganza y se hicieron de la paciencia suficiente como para confiar en que la lucha que encarnaron daría resultados”, sentenció.

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